El preso político Eliécer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, recibe una deficiente atención médica en la cárcel Combinado del Este, de La Habana, donde es hostigado por sus carceleros mientras cumple una condena de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Gordín Rojas, albañil y electricista por cuenta propia, que participó en las protestas antigubernamentales del 12 de julio en la barriada habanera La Güinera, es víctima de malos tratos continuados por parte de la guarnición del penal, aseguró a Radio Televisión Martí su hermano, Pedro Luis Milanés Rojas.
El hombre, de 44 años, fue detenido en su casa siete días después de las manifestaciones, debido a que las autoridades lo identificaron en un video donde se le ve vestido de negro, cargando a Diubis Laurencio Tejeda, quien fue asesinado con un tiro en la espalda, divulgó, posteriormente, Cubanet.
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Activistas y ex prisioneros políticos han denunciado, por años, que la falta de capacidad del Estado cubano para garantizar condiciones de vida adecuadas a la población carcelaria, no es solo a causa de su incapacidad económica, sino de la crisis que afronta el Sistema Penal, marcado por la corrupción y la indolencia de los funcionarios encargados.
Milanés denunció que los guardias del centro penitenciario usan frases ofensivas e irrespetuosas contra Gordín y, en ocasiones lo agreden físicamente: “También le dicen cosas, lo ofenden y hasta le dan golpes. Eso fue lo que me dijo él mismo”.
De acuerdo al Código Penal cubano “el sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad”.
En 2022, la organización Cuban Prisoners Defenders identificó en un informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, 15 patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos, en especial los políticos.
Entre las formas más comunes de tortura, la entidad destacó la “privación sistemática” de la atención médica, acentuada en el caso de los presos políticos, y las “agresiones físicas”, así como la “humillación, degradación y maltrato verbal”.