Familiares de dos presos políticos condenados por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 han alertado que las dificultades que enfrentan en el presidio se hacen todavía más duras por su discapacidad física.
Dariel Ruiz García es obligado a cumplir dos años y medio de condena en el campamento Paraíso, en Güines, aunque tiene impedimentos para caminar y para ver.
“A mi hermano le falta su pierna izquierda, además de ser débil visual. Las condiciones de las prisiones en Cuba para una persona normal son caóticas, imagínate para un impedido físico, es difícil la convivencia allí en el penal... a la hora del baño, no hay condiciones, la alimentación es pésima también”, alertó desde el Sur de la Florida su hermano, Janiel Ruiz García.
El preso político del 11J, Dariel Ruiz García.
El residente del poblado de Aguacate, en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, fue procesado judicialmente por los delitos de desórdenes públicos y resistencia, tras su participación en las protestas.
En Cuba solo tiene a su padre, enfermo de cáncer terminal y a una prima que intenta llevarle alimentos y medicamentos, a pesar del temor por las presiones de la Seguridad del Estado, explicó el hermano.
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El entrevistado puso en duda la transparencia del proceso judicial y calificó de injusta la condena a Janiel.
“Que me enseñen una sola prueba de que mi hermano merece esa condena, porque no hay pruebas, yo tengo el video de la manifestación, que fue pacífica. Yo presencié el juicio, porque yo viajé a Cuba porque yo quería ver, y todo eso fue un circo, usaron a tres policías ahí de Madruga. La declaración de los policías fue falsa, dijeron que mi hermano se había resistido y todo era una mentira, porque mi hermano es un impedido físico y esposado, a qué se va a resistir? Entonces no lo liberan porque así es esta dictadura de criminal”, concluyó Dariel.
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Familiares de dos presos políticos denuncian falta de atención médica
El Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, en su sitio web, muestra que procede solicitar el beneficio de libertad condicional siempre que se haya extinguido, en el caso de los presos primarios, la mitad del término de la sanción impuesta.
Dayron Martín Rodríguez. (Foto: Facebook)
Otro caso alarmante es el que han denunciado en una directa en redes sociales, Etelvina Rodríguez y Carol Martín Rodríguez, madre y hermana del preso del 11 J, Dayron Martín Rodríguez, un paciente psiquiátrico que ahora padece un serio problema de salud.
Las mujeres alertaron en el video que el manifestante de 37 años, condenado a 22 años por el delito de sedición, tras participar en la protesta popular de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, no ha recibido asistencia médica para tratarle una úlcera sangrante y que lo mantienen en la cárcel de máxima seguridad, a pesar de las recomendaciones de tres expertos.
Lee también Denuncian condiciones carcelarias de cuatro presos del 11J en situación vulnerable“Se siente muy mal, lleva muchos días que no puede comer debido a su úlcera en el estómago, a tal punto de que ya está hasta vomitando sangre, y estamos muy preocupadas porque sabemos que esa úlcera puede reventar en cualquier momento. Le dijeron que en el hospital al que lo iban a llevar el aparato estaba roto para hacerle la endoscopía, pero hay más hospitales que se puede llevar, pero es que no quieren llevarlo”, afirmó la hermana de Dayron.
En la misma denuncia su madre dijo que tampoco le están suministrando los medicamentos para su padecimiento mental.
“Su tratamiento por la esquizofrenia y los nervios, de tantos medicamentos que tiene que tomar, y no los puede tomar porque ni se los dan allí, ni lo llevan a que lo vea un médico, ni permiten que le traigan los medicamentos de la calle, entonces no hay opción”, advirtió la madre de Dayron.
El 15 de septiembre del pasado año, Dayron fue llevado a Medicina Legal junto a otros presos comunes que fueron evaluados para el proceso de reclamación para su libertad condicional.
Por su condición de preso político, fue el único denegado por la fiscalía para recibir el otorgamiento de ese beneficio, a pesar de la recomendación de tres doctores del Instituto de Medicina Legal en la capital que lo examinaron.
En el penal Combinado del Este de La Habana le mantienen suspendidas las llamadas telefónicas con su madre y hermana que residen en Quito, Ecuador.