Durante las elecciones municipales celebradas en Cuba el pasado 27 de noviembre fueron reportadas al menos 26 acciones represivas, entre las que sobresalen las “violaciones del derecho a la participación política”, denunció este miércoles la consultoría jurídica Cubalex.
Según Cubalex, el régimen de la isla continúa utilizando las “diligencias de investigación penal previstas en la ley como instrumento represivo". Estas violaciones, registradas en 15 provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, tuvieron mayor incidencia en La Habana, desde donde se reportaron ocho casos, y en Matanzas, donde se contabilizaron siete.
En los 13 incidentes detectados por Cubalex hubo un total de 34 víctimas, de ellas 20 eran mujeres y 14 hombres, y abundaron las “detenciones arbitrarias, los operativos de vigilancia y los cortes selectivos de Internet”.
La represión estuvo centrada en impedir la observación electoral, pese a que no existe prohibición legal para ello. Al menos 13 personas fueron hostigadas mediante operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria; entre ellos Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo Luna, señaló el reporte.
"Para Cubalex era importante resaltar la represión el día de las elecciones, que coincidió con una fecha de importancia para las organizaciones de la sociedad civil. El 27N un grupo de artistas se manifestaron frente al Ministerio de Cultura y el Estado escogió esa fecha de manera expresa para realizar los comicios municipales", dijo este jueves a Radio Martí Laritza Diversent, abogada cubana exiliada, fundadora y directora de Cubalex.
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Diversent se refirió al monitoreo y observación independiente de los procesos electorales en Cuba, señalando que "si bien no están reconocidon expresamente en la ley, tampoco hay una norma que prohíba el derecho a la participación política".
La activista hizo alusión al reciente anuncio de un nuevo proceso electoral en Cuba. Esta vez se trata de "las elecciones a diputados nacionales (a la Asamblea Nacional del Poder Popular), y queremos insistir en que la jornada electoral del 26 de marzo (de 2023), que es para cuando se convocan estas elecciones, los ciudadanos tienen derecho a observar, monitorear la jornada electoral".
Diversent hizo énfasis en que el propósito del comunicado realizado por la organización que dirige es el de "llamar la atención sobre la violación de los derechos civiles y políticos, en este caso, políticos. La observación es una forma de participación que está reconocida en el Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos en el Artículo 25, y el Estado tiene que abstenerse de impedir que los ciudadanos puedan monitorear la jornada electoral", enfatizó Diversent.
Lee también Presentarán queja por irregularidades en la elección municipal de Palma Soriano Lee también Transparencia electoral exige auditoría independiente a resultados de comicios municipales en CubaDe acuerdo con el comunicado de Cubalex, los periodistas independientes Anay Remón, de CubaNet, y Jorge Enrique Rodríguez y Boris González Arenas, del portal digital independiente Diario de Cuba, fueron privados de la posibilidad de cubrir el evento debido a los anteriormente señalados “cortes selectivos” de los servicios de Internet.
Migdalia Rodríguez, Zaily Núñez Bárbara Farrat y Orlando Ramírez, familiares de presos políticos del 11J, fueron amenazados por la policía política con tomar represalias contra los prisioneros tales como “perjudicarlos en el juicio” o “trasladarlos a prisiones alejadas”.
Tras detallar otros tipos de actos represivos, Cubalex concluyó su informe señalando: “Cubalex recuerda al gobierno de Cuba que todos los ciudadanos sin distinción por motivos de opinión política, tienen derecho a controlar la forma en que los funcionarios del Estado ejercen el gobierno de la República y la obligación de estos órganos de someterse a ese control".