Demandan a Visa y Mastercard por operar en propiedades confiscadas en Cuba

Foto ilustración de tarjetas de crédito de las compañías Visa y Mastercard.

Las compañías Visa y Mastercard fueron demandas en una corte federal de Estados Unidos por operar sus sistemas de pago en dos propiedades que fueron confiscadas en Cuba tras la llegada al poder del régimen de Fidel Castro en 1959.

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La acción en cortes tuvo lugar al amparo de la Ley Helms-Burton y específicamente señala las operaciones de ambas entidades en los hoteles Iberostar Taínos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero, establecidos en dos propiedades que fueron arrebatadas a la familia Robert Glen, indicó el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, citado por la agencia EFE.

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El proceso, amplió la fuente, fue posible tras la activación del Título III de la mencionada ley el pasado año.

El texto de la Ley Helms-Burton

"Hoy las dos propiedades son el sitio de cuatro complejos turísticos frente al mar, que en conjunto cuentan con más de 1.400 habitaciones, además de docenas de piscinas, restaurantes y barras", indicó la demanda.

De acuerdo con el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses acumulados durante más de 60 años ascenderían a 8.521 millones de dólares.

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La demanda subrayó que al permitir que los cuatro complejos turísticos reciban el pago de sus huéspedes mediante esas tarjetas de crédito, Visa y Mastercard están incurriendo en el usufructo de propiedades decomisadas.

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Por lo menos 73 cubanoamericanos han presentado más de 20 demandas en cortes de EEUU para recibir indemnizaciones por sus bienes expropiados, indicó la agencia EFE.

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Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.

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El presidente Donald Trump activó el Título III después de que sus predecesores en la Casa Blanca Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se resistieron a hacerlo por, según su punto de vista, las posibles implicaciones legales y comerciales con otros países.