El gobierno nicaragüense nombró director de la Policía Nacional a un oficial sancionado por Estados Unidos por su vinculación con violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, fue publicado el jueves en la oficial La Gaceta.
El acuerdo firmado por Ortega ,que enfrenta una crisis social que ha cobrado la vida de alrededor de 300 personas desde abril, establece que Díaz estará a cargo de la fuerza desde el 5 de septiembre.
En julio un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Díaz había sido sancionado con la Ley Global Magnitsky por dirigir a la Policía Nacional para cometer "graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua". Esta norma permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.
Junto con el ahora jefe policial han sido sancionados por corrupción y violación de los derechos humanos Roberto Rivas, expresidente del Poder Electoral, Francisco López, otrora vicepresidente de una empresa ligada a la cooperación venezolana y Fidel Moreno, exsecretario general de la alcaldía de Managua, acusado de dirigir la represión de las manifestaciones sociales.
El gobierno es acusado por organismos locales e internacionales de derechos humanos de reprimir con violencia las protestas que comenzaron el 18 de abril contra la reforma del seguro social.
Ortega dice ser víctima de un intento de golpe de Estado planeado por Estados Unidos, la sociedad civil nicaragüense, algunos partidos opositores, el crimen organizado y medios independientes.
En su embestida contra la prensa esta semana el mandatario forzó al Canal 10, el medio privado más visto del país, a cambiar su política editorial.
Carlos Pastora, un hondureño que es gerente general de ese medio, difundió una carta en la que relató que el lunes el jefe de prensa del oficialista Canal 8 fue enviado a las instalaciones del Canal 10 y pretendió instalarse en la redacción bajo el mismo cargo.
“Quieren obligarme a que contrate a un periodista de Canal 8 que venga a ver y regular las emisiones del noticiero”, dijo Pastora en su carta dirigida al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, a quien le refirió que en Nicaragua sufre persecución, amenazas directas vía telefónica, seguimientos e intimidación. Pastora indicó que ante esa situación pretendió retornar a Honduras pero no le fue permitida la salida del país por una restricción migratoria sin fundamento.
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua informó que Pastora es investigado por presunto lavado de dinero.
Canal 10 es propiedad del empresario mexicano Remigio Ángel González, considerado socio de Ortega y que congresistas de Estados Unidos buscan que también sea sancionado por la Ley Global Magnitsky.
“Un nuevo golpe a la prensa independiente, a los periodistas independientes y que además de afectarlos directamente tiene como efecto una afectación a la población nicaragüense que pierde a un medio que seguro se sumará al discurso oficial”, dijo el investigador en comunicación Guillermo Rothschuh.
(AP)