Joel Pérez, un cubano de 42 años que entró a Estados Unidos por la frontera sur y recibió un documento conocido como I-220A, dice que teme terminar deportado a Cuba.
El I-220A, otorgado por las autoridades de inmigración, le permite a los inmigrantes permanecer en EEUU bajo palabra mientras esperan que sus solicitudes de asilo sean revisadas por cortes de inmigración.
La incertidumbre y el miedo se han apoderado de muchos cubanos con I-220A, como Pérez, tras la reciente promesa de la plataforma del Partido Republicano de hacer el “mayor esfuerzo de deportación de la historia" de EEUU, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal, basado en Miami.
Durante la Convención Nacional Republicana, celebrada la semana pasada en Milwaukee, EEUU, el portavoz de la campaña de Trump, Jaime Florez, dijo a Martí Noticias que los inmigrantes cubanos "tienen argumentos para solicitar asilo político", pero insistió en que en caso de ganar el candidato republicano, se realizarán deportaciones masivas.
Los ciudadanos de la isla tienen la opción de aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, después de estar en el país un año y un día si fueron admitidos legalmente. Una corte de inmigración determinó el año pasado que la I-220A no constituye una entrada legal.
"De alguna manera el liderazgo cubanoamericano en la Florida tiene que explicarle a la administración cuando llegue que no todos los inmigrantes son indeseables", dijo Florez. "Por el contrario", apuntó, "hay algunos [inmigrantes] que merecen estar aquí".
"Habrá que hacer deportaciones masivas (...) pero no todos califican en la misma condición de inmigrantes indeseables", señaló.
A raíz de los comentarios de Florez, el abogado Leal dice que la preocupación se ha intensificado entre los cubanos que entraron por la frontera y fueron liberados con un I-220A, que se estiman en cientos de miles. Algunos se han organizado y realizado manifestaciones públicas pidiendo que les sea otorgado un parole que les permita regularizar su estatus.
Políticos cubanoamericanos del sur de la Florida han urgido a la administración de Joe Biden a regularizar a los cubanos en esta situación y así evitar las deportaciones a la isla. En enero de este año, un grupo bipartidista de legisladores, incluyendo a la congresista María Elvira Salazar, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándole a conceder el estatus de "Parole in Place" (PIP, por sus siglas en inglés) a cualquier cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a EEUU. Otros firmantes son los representantes Morgan McGarvey (D-KY) y Debbie Wasserman Schultz (D-FL).
Joel Pérez, un cubano de 42 años, teme ser deportado a Cuba.
Pérez llegó a EEUU por la frontera con México el 28 de marzo de 2020, después de salir de Cuba hacia Nicaragua y atravesar varios países. Su esposa e hijos permanecen en Cuba.
“Mi deseo más grande es regularizarme para poderlos sacar de esa dictadura”, dijo Pérez, quien tuvo una audiencia en la corte de inmigración el 18 de julio.
El hombre asegura que en Cuba era perseguido político por ser miembro del Movimiento Liberal Democrático y denunciar las injusticias del régimen en embajadas extranjeras.
Acuerdos migratorios firmados en 2017 por la administración del expresidente Barack Obama con la isla obliga a La Habana a aceptar a la mayoría de los deportados desde 2014.
Durante el gobierno de Donald Trump, en EEUU se llevaron a cabo aproximadamente 936.000 deportaciones de inmigrantes de todas las nacionalidades, según datos oficiales. Hasta febrero del presente año, el gobierno de Joe Biden había expulsado a unas 340.000 personas.
Una perspectiva legal
El abogado de inmigración Leal explicó que hay que entender las diferencias de los inmigrantes en cuanto a los documentos concedidos por las autoridades norteamericanas.
“Hay una gran, gran diferencia entre una I-220A y una I-220B”, dijo.
“Una I-220A es una orden de libertad bajo palabra, generalmente pendiente de un proceso de corte de inmigración. Esa es una persona que no tiene una orden final de deportación y no es deportable hasta que un juez o un funcionario de inmigración determine lo contrario", aclaró.
El experto señaló que esas personas "no corren ese peligro inminente de ser deportados. Sin embargo, una I-220B es una orden de supervisión, generalmente emitida después de una orden de deportación expedita o por parte de un juez de inmigración".
Leal dijo que aquellos con I-220A que pidieron asilo, deben haber presentado la solicitud antes del primer año de ingreso al país, y que pueden pedir parole a la Policía de Inmigración (ICE) argumentando motivos humanitarios o de interés público.
Para quienes tienen I-220B, la situación es más complicada, ya que implica una orden de deportación.