Velar por los derechos de nacionales y extranjeros en su territorio es la máxima de la Defensoría del Pueblo en Panamá. De ahí que Maribel Peña, directora regional de esa entidad en Darién, está al tanto de los 69 cubanos retenidos desde el 13 de enero último en la zona selvática de Lajas Blancas, un día después de que el entonces presidente de EEUU eliminó por decreto la normativa "pies secos-pies mojados".
“Desde el primer día hemos estado al corriente de la situación, como garantes de que los derechos humanos de los hermanos cubanos, mientras estén en Panamá, se les respeten”, aseguró la funcionaria que recordó que la Defensoría del Pueblo ha sido la única organización de derechos humanos que ha seguido con preocupación la situación de los antillanos.
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Funcionarios panameños gestionan traslado de migrantes cubanos a la capital
Los cubanos han denunciado que viven en condiciones infrahumanas, hacinados, con racionado acceso al agua y pésimas instalaciones sanitarias en un campamento temporal dentro de una base militar del Servicio Nacional de Fronteras (SENFRON).
Carpas como viviendas, y de bañera un río donde han avistado cocodrilos, son algunas de las piezas que componen el entorno de los migrantes.
“Hemos abierto un expediente de queja, pidiendo a las autoridades competentes que agilicen el traslado de los hermanos cubanos a un refugio que reúna las condiciones óptimas, y no haya violación de derechos humanos”, comentó Peña tras recordar que Caridades Católicas (CARITAS) ha ofrecido un local en la capital para albergar a los 69 cubanos con alimentación garantizada.
El doctor Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de Panamá, envió una carta al director nacional de Inmigración, Javier Carillo, en la que pide el traslado de los cubanos al local de CARITAS en Ciudad de Panamá.
“Estamos a la espera de una respuesta, que puede ser positiva o negativa. Pero lo que si le garantizo es que la Defensoría del Pueblo seguirá luchando para que estos migrantes tengan un lugar digno y seguro que rinda todas las condiciones”, sentenció Peña.
Desde que los cubanos llegaron a Lajas Blancas, la Regional Darién de la Defensoría del Pueblo ha realizado permanentes recorridos de verificación de temas como el derecho al agua, salud y alimentación.
“Hemos llevado ayuda humanitaria, personal médico al campamento, hemos tenido reuniones periódicas con autoridades competentes como el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración”, comentó la representante.
Este miércoles, un equipo encabezado por Peña llevó a los cubanos una donación de comida enlatada y seca.
Los 69 cubanos se han quejado de limitado acceso al agua, desatención de parte de las autoridades migratorias y han acusado al teniente Gerardo Ortega, del Servicio de Inmigración, en Darién, de impedir su traslado a la capital.
Los migrantes han pedido explicaciones a Ortega, pero dicen que el militar se niega.
“Cuando venga un jefe más grande obtendrán alguna información”, se escucha decir a Ortega en un video tomado por los cubanos y enviado a Marti Noticias.
Los migrantes han manifestado interés en obtener permiso de trabajo y estatus de legalidad en la nación istmeña.
“El (Ortega) lo único que busca es nuestra deportación, no tiene ánimo de ayudar a que se abra un proceso que evalúe la posibilidad de que podamos rehacer vida como residentes legales en Panamá”, expresó a Martí Noticias Aliuska Cardoso, oriunda de Villa Clara.
Anabel Delgado, relacionista pública de la Dirección Nacional de Inmigración, no devolvió las llamadas telefónicas de este reportero.