La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021, y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada por algunos como un "desorden" y como "una política económica mal elaborada".
Opiniones de cubanos en la isla así lo ponen de manifiesto, una de ellas la de la activista Zelandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. "Para mí es un desordenamiento, porque ha traído muchas consecuencias", dijo a Radio Martí.
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El tira y encoge del "desordenamiento"
La activista explica que, aunque el gobierno subió los salarios y las pensiones, "los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono... todas las tarifas han subido". Mencionó, además, que el precio de algunos alimentos ha aumentado hasta cinco veces.
Lee también Los "cadequeros y banquitos", únicas opciones ante el ordenamientoEste lunes las autoridades de la isla anunciaron que harán prestamos de mil pesos a los trabajadores con pocos ingresos, por haber estado de vacaciones, tenido otras licencias sin sueldos, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
En opinión de Pérez, esta no es una solución, sino un problema adicional.
"Los estas endeudando, es como una cadena. Te doy el préstamo ahora, me lo pagas después, pero sigues con la deuda", subrayó.
El economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo, considera que el "ordenamiento" es una "política económica mal elaborada", una conclusión a la que se llega tras analizar su diseño, el momento elegido por el gobierno para ponerlo en práctica y las primeras consecuencias que se derivan del mismo.
Puso como ejemplo el mecanismo utilizado para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar. "Eso está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse", afirmó.
Sobre la decisión de las autoridades de reducir subsidios y gratuidades "y luego ejecutarlo o no, y dar marcha atrás, y decir que se escucha la opinión del pueblo", Amor Bravo señaló que es una práctica que "indica muy poca credibilidad en la política económica".
En su criterio, "ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas", que son publicadas por las autoridades "en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne", solo puede afectar la economía del país, concluyó.