Cruzaron la selva desde Colombia huyendo de la deportación, pero el panorama no mejora una vez en tierra panameña. La crisis de los migrantes cubanos vuelve a trasladar su escenario, esta vez de Turbo, en Colombia a la provincia de Darién, en Panamá.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha contabilizado a unos 1.000 migrantes, entre cubanos, africanos y haitianos, en los albergues que los acogen temporalmente.
El director de esta entidad, José Donderis, afirmó que el conteo de migrantes es parte del operativo de flujo controlado con el que se custodia la llegada de migrantes irregulares a territorio panameño, según reporta este domingo el diario local Panamá América.
El operativo, realizado por el Sinaproc, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), tiene como objetivo garantizar los controles migratorios y brindar asistencia humanitaria a los migrantes, así como establecer vigilancia epidemiológica en la zona de tránsito, explicó Donderisa la prensa en un recorrido por el albergue Nicanor, uno de los cuatro disponibles en el área.
Donderis insistió en que los derechos humanos de los migrantes son respetados, pero una inspección de la Defensoría del Pueblo reveló una situación preocupante en los refugios.
En el sector de Lajas Blancas, el albergue más poblado, con alrededor de 750 migrantes de Cuba, Angola, Bangladesh, Camerún, Congo, Haití, Nepal, Pakistán y Senegal, los extranjeros se quejan de hacinamiento, mala alimentación y falta de atención médica, y piden que las autoridades agilicen el proceso para poder continuar su trayecto hacia el Norte.
Piden respuesta regional
“La situación es de gravedad y envergadura. Evidentemente requiere de una respuesta integral regional, porque este flujo proviene de países de Sudamérica, países con los que estoy seguro se están haciendo algunas diligencias diplomáticas, pero considero que las mismas deberían apresurarse y profundizarse de modo tal que se sepa la frecuencia y magnitud de ese flujo para poder atenderlo de la manera adecuada”, manifestó a PanamaOn el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
En los albergues ubicados en las localidades de Peñita, Mas Di y Nicanor, los problemas son similares: falta de insumos médicos, alimentación e instalaciones adecuadas para desarrollar sus necesidades fisiológicas, destaca el diario.
Según Castillero, la concentración de migrantes en el lugar desborda la capacidad del Estado y de la comunidad para atender la situación humanitaria que ahí se vive.
“Hemos visto mujeres embarazadas con piernas hinchadas fruto del recorrido que hicieron, personas que han perdido las uñas, con heridas abiertas, hay todo tipo de infecciones gastrointestinales, respiratorias, urinarias y de la piel; que se ven a simple vista y a las que no se les puede dar atención médica, no porque no se quiera, sino porque en los campamentos se agotaron los insumos necesarios”, explicó el Defensor del Pueblo.
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Casillero recalcó que lo más importante es la agilización migratoria para que el flujo sea más rápido y más digno. “Ellos no quieren perjudicar a la población panameña, ellos solo quieren seguir su camino”.
Pero las autoridades de Sinaproc señalan que el proceso es lento, ya que en la frontera con Costa Rica solo se les permite trasladar a 100 migrantes por día, lo que provoca que la situación en Panamá se agrave.
Tras el recorrido por los albergues, la Defensoría del Pueblo prometió realizar recomendaciones a las autoridades nacionales e internacionales para hallar una solución humanitaria a la crisis migratoria.