Esta semana entró en vigor en Cuba un decreto contra la discriminación, la violencia y el acoso en el campo laboral, cuando en la isla crecen las denuncias de limitaciones de acceso a empleos y despidos por discriminación por motivos políticos, raciales y de género.
De acuerdo a su redacción, la nueva normativa busca "garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y promover un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso".
El Decreto 96 titulado “Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y situaciones de acoso en el ámbito laboral”, prohíbe "la discriminación, la violencia y el acoso, por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, situación de discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana".
En marzo de este año, el informe "Derechos laborales y sindicales en Cuba", presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, (REDESCA) identificaba "patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales" en Cuba y señalaba una "discriminación estructural que afecta a las personas afrocubanas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y a la población LGBTI".
De acuerdo a ese estudio, el incumplimiento de los derechos laborales en la isla está dado por contextos de “precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados".
La normativa aprobada esta semana establece que “la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral constituyen una forma de violación de los derechos humanos, del principio de igualdad en el trabajo y una amenaza para la igualdad de oportunidades en el empleo; afecta la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad, su entorno familiar y social”.