El abogado y politólogo boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy (IID), presentó de este jueves su más reciente libro, Dictaduras de crimen organizado en las Américas, en la librería Books and Books, de Coral Gables.
Se trata de un conjunto de ensayos cuyo objetivo es demostrar cómo el llamado Socialismo del siglo XXI (SSXXI), hoy representado por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no es un proyecto político sino una red trasnacional de crimen organizado. De ahí que sus gestores deben ser capturados y procesados judicialmente por sus delitos, que van desde violaciones de derechos humanos hasta actos de corrupción y narcotráfico.
La tesis del libro, que el autor ha venido desarrollado en varios artículos en su columna semanal en Diario las Américas, propone la aplicación de la Convención de Palermo, firmada en esa ciudad italiana en el año 2000, cuyo nombre oficial es Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, y que ha sido ratificada por Venezuela y Nicaragua en 2002, por Bolivia en 2005 y por Cuba en 2007.
Un texto útil para los cubanos
Sánchez Berzaín considera que a los cubanos, los exiliados y los que viven en la isla, les puede resultar provechoso su obra porque describe el sistema “del cual son víctimas desde hace casi 60 años”.
“Un grupo criminal que se adueña de un Estado y que establece una dictadura. Y que no pueden ser tratados como políticos, tienen que ser tratados como delincuentes. Y para eso hay que usar la Convención de Palermo. Ese es el camino que señalamos en el libro”, manifestó a Martí Noticias el autor de varios títulos que analizan estos fenómenos, entre ellos Las dos Américas. Democracia y dictadura.
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“En el caso de Cuba hay que computar los delitos desde el año 2000 a la fecha, y desde la fecha en que Cuba ratifica esa convención. Todos los delitos cometidos por el régimen desde entonces, que van desde violaciones a los derechos humanos crímenes, asesinatos, delitos económicos, pueden ser objeto de aplicación la convención de Palermo. Y hay que documentar la prueba y hacer que se abra la causa en un país democrático”.
Para el experto en asuntos latinoamericanos, el arma más valiosa con que los cubanos deben enfrentarse a la dictadura “es la verdad”, porque “las dictaduras están derrotadas. Y Cuba no es la excepción. Está muy debilitada porque es un proyecto fracasado. Hay que persistir y resistir en la lucha por la democracia”.
Una amenaza para las Américas
El libro fue presentado por el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, presidente del IID, y las analistas venezolanas Beatriz Rangel y María Teresa Romero.
El autor del prólogo es el embajador Otto Reich, para quien el volumen “deja claro que el crimen organizado trasnacional está en el corazón de casi todas las principales amenazas que enfrentan las Américas en la actualidad. Estas organizaciones corroen sistemáticamente las instituciones democráticas y el estado de derecho, socavan el buen gobierno, amenazan la seguridad ciudadana, degradan los derechos humanos básicos y obstaculizan el desarrollo económico y el comercio y la inversión legítimos”, escribió el diplomático cubanoamericano.
Sánchez Berzaín insiste en que las dictaduras del SSXXI no deben ser entendidas como procesos políticos sino como mecanismos de delincuencia organizada trasnacional que se han apoderado del poder político para dar apariencia de democracias.
No son políticos, son delincuentes
“Yo soy político y rehúso estar en la misma categoría de estos delincuentes. Porque en la política, que es una actividad de servicio público, uno lo primero que hace es deberse al voto y al favor popular. Cuando la gente no te quiere, tú no puedes hacer política, porque necesitas votos, necesitas ganar elecciones, necesitas simpatías para llegar y para mantente en el poder”, expresó.
El autor de La lucha por la democracia destacó que otro elemento fundamental en el ejercicio de la política es el respeto a la ley.
“La política está en un marco institucional previo, que tú no puedes cambiar para favorecerte del nuevo marco institucional o legal que vayas a crear. Y eso es un delito en el cual tienen grandísima práctica los castrochavistas”.
El otro componente de la política mencionado por el politólogo es “la rendición de cuentas”, ya que los políticos manejan “dineros, recursos, decisiones de la gente, y están en la obligación de rendir cuentas por ello. Y la característica de estos regímenes es la impunidad”.
Por ello la primera afirmación de su nuevo libro es que “las dictaduras del castrochavismo no pueden ser consideradas como actividad política porque son actividades criminales, delictivas. Todo lo que hacen está marcado por la violación de los derechos humanos, de los bienes jurídicamente protegidos, que van desde la vida hasta la propiedad. Violan todo y eso no es política”.
“La política es muy mala. Está muy mal vista. Hay buenos y malos gobiernos, hay buena y mala política. Hay corrupción en la política. Pero esto del crimen organizado está mucho más allá de aquello porque la corrupción y el crimen es absolutamente habitual. En la política la corrupción es la excepción y no la regla. En el crimen organizado que se ha apoderado de los gobiernos la corrupción es la regla y el crimen es el ejercicio diario, el instrumento propio para ejercer esa actividad criminal. Esa es la diferencia”, advirtió el catedrático boliviano.
Inundando de cocaína la juventud de América
El abogado constitucionalista confía en los países democráticos tomen acciones contra las dictaduras de crimen organizado porque “entre Bolivia y Venezuela, como narco-estados, con la droga producida en el trópico de Cochabamba por Evo Morales y sus sindicatos, y la producida por las FARC en Colombia, están destrozando las sociedades de América Latina. Están inundando de cocaína las juventudes de Chile, de Brasil, de Perú, de la Argentina y obviamente de los Estados Unidos porque han declarado el narcotráfico como instrumento de lucha contra el imperio norteamericano”.
Asegura que la comunidad internacional “está reaccionando no por un acto de consciencia, no porque de pronto han despertado de nuevo a los principios. Están despertando por interés propio, porque les va la vida. Están amenazados por estas dictaduras que están dispuestas a hacer lo que sea por mantenerse indefinidamente en el poder, por seguir haciendo sus negocios criminales, y por crecer”.
El autor de La dictadura del siglo XXI en Bolivia ha denunciado en varias ocasiones que con el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, las dictaduras del SSXXI “tienen todo el dinero del mundo para influir en elecciones políticas en otros países, en pequeños o grandes países, empezando con Estados Unidos y terminando con las islas de las Antillas, donde la influencia de los dineros de los narco-estados, de las dictaduras del crimen organizado es patente y es evidente”.
“La Convención de Palermo dice no debe haber un lugar en el mundo donde los delincuentes se puedan ocultar, donde puedan ocultar el resultado de sus delitos y donde puedan burlar la ley. Dice que los grupos criminales, de tres o más personas, con delitos que tienen penas privativas de libertad de cuatros años o más, pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo. No es necesario que cometas el delito donde el fiscal te abra el proceso, ni que sea el lugar donde te ocultas o a dónde has llevado el producto del delito. Basta que haya efectos substanciales de los delitos que se cometen en algún lugar del mundo”, explicó.
El ex parlamentario y cinco veces ministro de Bolivia, recordó en la presentación del volumen que la Convención de Palermo se usó para actuar contra corrupción dentro de la FIFA.
“Un día amaneció el mundo y había unos presos en Uruguay, otros en Madrid, otros Miami. Un fiscal de Nueva York aplicó la convención de Palermo, y se acabó la supra-soberanía de la FIFA porque eran criminales. Se trata de hacer lo mismo en cualquier país democrático que se sienta afectado. Es una convención internacional y debe ser aplicada porque en el caso de la delincuencia organizada no se puede alegar soberanía, autodeterminación, inmunidades, ni privilegios”.
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia
“¿Qué tal sería que Pablo Escobar, en el caso de haber tomado el poder político, hubiera alegado que se atentaba contra la soberanía de su país si se le buscara internacionalmente por narcotraficante?”, preguntó Sánchez Berzaín, convencido de que “lo mismo sucede con Nicolás Maduro, Evo Morales, Diosdado Cabello y otros. El mundo los tiene que buscar como criminales. No son jefes de Estado. Son jefes de pandillas que han controlado Estados sometidos a dictaduras de crimen organizado”.
Sánchez Berzaín defiende la tesis de que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional debe aplicarse a los dictadores de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
“Ese es el tema del que hay que seguir discutiendo hasta que con la prueba que existe, que está documentada por todas partes, un juez en un país cualquiera de los signatarios de la ONU, abra una causa a Maduro, Cabello, Daniel Ortega, Rosario Murillo, como ya le han abierto a Rafael Correa, que está amparándose en Bélgica, y a Morales, y que los trate como lo que son. No son políticos. Son delincuentes, que se han agrupado trasnacionalmente, a la sombra de la dictadura más antigua y más criminal de las Américas, que es Cuba, para seguir cometiendo y sosteniendo sus fechorías”, concluyó.