La organización defensora de la libertad de religión y de creencia Christian Solidarity Worlwide (CSW) advierte en un informe recién publicado que aunque el número de violaciones de esa libertad se mantuvo estable en Cuba, las mismas crecieron en intensidad.
CSW manifiesta su profunda preocupación por el encarcelamiento sin cargos desde febrero pasado del Reverendo Jesús Noel Carballeda, recluido en la prisión de Valle Grande, al oeste de La Habana.
Aunque el Gobierno no ha dado razones, su esposa cree que lo que enfureció a las autoridades fue su liderazgo en una iglesia no registrada y su persistencia en celebrar servicios religiosos, aun después de un confinamiento anterior. Carballeda había permanecido encarcelado cuatro meses, después que militantes comunistas de su barrio en el municipio Marianao lo demandaran por realizar servicios religiosos en su casa. Fue puesto en libertad condicional a condición de que no continuaran los cultos en su hogar, pero siguió al frente de su Iglesia, celebrando los servicios en áreas campestres, en parques, habitaciones alquiladas y otras casas particulares.
Ley de la Vivienda, instrumento represivo
El informe de la entidad con sede en Londres denuncia, asimismo, nuevas tácticas del Gobierno para atacar las propiedades de instituciones religiosas, como una forma de controlar a esos grupos.
Precisa que después de la entrada en vigor en enero de este año del Decreto-Ley 322, relativo a la Ley General de la Vivienda, y que tiene por objeto regular las propiedades privadas, la legislación ha sido utilizada por funcionarios del Gobierno para reclamar el derecho a confiscar propiedades de las Iglesias, alegando que éstas han dejado de ser propietarias para convertirse en inquilinas.
Un experto en asuntos jurídicos vinculado con el Consejo de Iglesias de Cuba dijo a CSW que iglesias de todas las denominaciones se han visto afectadas en varias provincias: "Están aplicando la ley con rigor, y en el caso de las iglesias es peor. Proponen convertirlas en inquilinos y esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el "nuevo propietario" tiene la potestad de decidir lo que la iglesia puede o no hacer en el lugar. Es decir, que la institución pierde su autonomía. Es inaceptable. La situación es complicada".
El jurista añadió que las iglesias más vulnerables son aquellas a las que el Gobierno se ha negado a emitirles una licencia reconociéndolas como una asociación registrada. Sin embargo, al menos una propiedad histórica de una iglesia fue atacada en la primera mitad del año. En mayo, el liderazgo de la Primera Iglesia Bautista Maranatha, en Holguín, fue informado por funcionarios provinciales del Partido Comunista y del Instituto de la Vivienda que su propiedad sería confiscada y su estatus cambiaría de propietarios a inquilinos. La iglesia, afiliada a la Convención Bautista del Oriente de Cuba, posee el título de propiedad del templo desde 1947 y fue registrada oficialmente en mayo de 1954.
Otras iglesias también han recibido amenazas de confiscación o destrucción de sus propiedades, lo que parece estar relacionado con la aplicación del Decreto-Ley 322. En mayo el Reverendo Fausto Polemón fue informado por autoridades locales de que su iglesia en la ciudad de Santiago de Cuba sería demolida, y se le prohibió seguir celebrando servicios. Su iglesia pertenece a la denominación Asambleas de Dios, registrada y reconocida en Cuba.
Del mismo modo, a los pastores Osmel y Madeleine Calderón les comunicaron que su iglesia en Loma Blanca, Mayarí Arriba, provincia Santiago de Cuba, y que está afiliada al Movimiento Apostólico, tendría que dejar de celebrar servicios. Miembros de la congregación han sido advertidos de que deben dejar de asistir a los cultos y distanciarse de la pareja.
Al Reverendo Alain Toledano, otro líder del Movimiento Apostólico, le informaron que su propiedad en Santiago sería confiscada. El pastor Toledano ha seguido haciendo llamamientos públicos para que el Gobierno aclare el estatus de la misma.
En mayo, una solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del reverendo Yiorvis Bravo, otro líder del Movimiento Apostólico. En 2013 un tribunal de Camagüey autorizó una moción del Gobierno para expropiar su casa, que es también el lugar donde se congrega su iglesia. Aunque el caso es anterior a la promulgación del Decreto-Ley 322, las tácticas parecen idénticas.
El Reverendo Bravo fue abordado en 2013 por funcionarios del Instituto de la Vivienda que le ofrecieron permitir que él y su familia permanecieran en la propiedad como inquilinos, si estaban de acuerdo en informar con antelación de todas las actividades de la iglesia para su previa aprobación. El Reverendo Bravo se negó a cumplir y, aunque no ha sido desalojado, los funcionarios del Gobierno siguen asegurando que la propiedad es ahora del Estado y que se reservan el derecho a desalojar o reubicar a la familia en cualquier momento.
Prohibido adorar
Señala por otra parte CSW que agentes gubernamentales continuaron empleando tácticas brutales y públicas en un intento por controlar quién puede o no asistir a las actividades religiosas. Semana tras semana, decenas de mujeres afiliadas a las Damas de Blanco han sido violentamente arrastradas por agentes de la Seguridad del Estado para impedir que participen en la misa dominical católica. Muchas fueron golpeadas, y la mayoría, detenidas arbitrariamente hasta la conclusión de la liturgia.
Ciudadanos extranjeros también han sido víctimas de la hostilidad del Gobierno contra ciertos grupos religiosos. En abril, CSW se enteró de que nueve estudiantes universitarios angolanos habían sido advertidos de que serían deportados debido a su asistencia en Santiago de Cuba a una iglesia afiliada al Movimiento Apostólico. Iveth Pedrina, Luisa Paixão, Tito Capungo y otros fueron convocados por las autoridades migratorias cubanas e informados de que habían sido expulsados de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García y que serían deportados.
Entidades peligrosas
CSW considera preocupante la mayor gravedad en las violaciones a la libertad de religión o de creencia desde el comienzo del año. La tendencia negativa parece ser parte de un intento general por parte del Gobierno para reforzar su control sobre las actividades y los miembros de grupos religiosos y eliminar así la posibilidad de cualquier disturbio social.
Al mismo tiempo, más y más líderes religiosos están exigiendo abiertamente mayor libertad religiosa o desafiando abiertamente las severas leyes, en algunos casos mediante la celebración de servicios no autorizados.
El reporte señala que muchos observadores han interpretado erróneamente las concesiones a algunos grupos religiosos, en particular, la Iglesia Católica y la próxima visita papal, como indicativos de un nuevo y creciente respeto a la libertad de religión.
Sin embargo, líderes que representan a toda la gama de denominaciones cristianas y otros grupos religiosos en Cuba aseguran que los privilegios concedidos a algunos sólo tienen el objetivo de mejorar la imagen del Gobierno de Cuba en el exterior, mientras que la creciente hostilidad interna indica que en lugar de avanzar hacia una sociedad más abierta, el gobierno de Raúl Castro todavía considera a las instituciones religiosas, y en particular a sus líderes, como entidades potencialmente peligrosas que deben ser controladas tan estrechamente como sea posible.