Mientras Estados Unidos pidió el domingo a Colombia y Venezuela buscar una solución diplomática a la caliente crisis fronteriza que enfrenta a los dos países, Granma asegura que los colaboradores cubanos de las llamadas misiones sociales emplazados en la región mantienen sus servicios en un ambiente de "tranquilidad, alta moral y disposición laboral".
Abunda Granma que un total de 539 profesionales de la isla laboran en la zona regulada y que todos se encuentran "bien e incorporados plenamente a sus puestos de trabajos".
Bogotá y Caracas llamaron a consultas a sus embajadores por la crisis que se desató hace más de una semana cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de una parte de la frontera binacional después de un enfrentamiento de contrabandistas con militares que dejó gravemente heridos a dos uniformados.
Desde entonces, más de 1.000 colombianos han sido deportados, expulsados o repatriados, mientras que más de 7.000 regresaron voluntariamente por temor, generando una crisis humanitaria ante la necesidad de albergue, comida, salud y vestuario.
"El Departamento de Estado (de Estados Unidos) apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente y agradece iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado. Estamos dispuestos a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera", dijo un comunicado oficial.
"Respetamos la importancia de fronteras seguras y la migración segura y ordenada. Sin embargo, también creemos que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe".
No obstante, Venezuela rechazó la oferta estadounidense para ayudar a encontrar una solución a la crisis y pidió a Washington "no inmiscuirse" en asuntos bilaterales de Bogotá y Caracas.
"Exigimos al gobierno de Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos de índole estrictamente bilateral entre Venezuela y Colombia", dijo en un mensaje publicado en la red social Twitter la canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Colombia denunció que sus ciudadanos deportados fueron víctimas de atropellos y violaciones a los derechos humanos, aunque Caracas negó las acusaciones.
"La Revolución Bolivariana ha garantizado derechos humanos fundamentales al éxodo masivo de hermanos colombianos que no son atendidos por su país de origen", dijo también la canciller venezolana en un mensaje por Twitter.
La extensa frontera terrestre de 2.219 kilómetros entre Venezuela y Colombia facilita el paso sin mayores controles, lo que favorece actividades ilegales como el contrabando de combustibles y alimentos.
Aunque el lenguaje entre los dos países aumentó de tono, Bogotá aseguró que es impensable romper relaciones con Venezuela, mientras que el presidente Maduro dijo que estaría dispuesto a reunirse "solo" con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos "en donde quiera, como quiera y cuando quiera".
A su turno, Santos pidió reuniones de emergencia con la UNASUR y la OEA.