Abogados de Ecuador presentarán este mes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca reparar a los migrantes cubanos deportados hace un año en masivos y arbitrarios procesos y delimitar responsabilidades en un caso que impulsó el gobierno del expresidente Rafael Correa.
El defensor de derechos humanos ecuatoriano, Javier Arcentales, que es parte de una docena de abogados ecuatorianos a cargo de la demanda en curso, conversó con Martí Noticias sobre las arbitrariedades cometidas contra 121 cubanos que fueron expulsados entre el 7 y 13 de julio del 2016.
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El abogado ecuatoriano Javier Arcentales conversó con Martí Noticias.
Arcentales dijo que las fallas en el proceso incluyeron detenciones ilegales, juicios rápidos, -muchos de ellos de entre 10 y 15 minutos de duración-, que ni siquiera garantizaron el derecho de los implicados a ser defendidos por autoridades competentes.
"Lo que pedimos ahí básicamente, primero es que se determinen responsabilidades de quiénes fueron las autoridades que llevaron a cabo este operativo, que tuvieron a su cargo estas decisiones y también formas de reparación", explicó Arcentales en entrevista telefónica desde Quito, Ecuador.
El abogado, quien también es miembro de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, explicó que a causa del arbitrario proceso hay familias que quedaron separadas y hasta fueron deportadas personas que tenían visas vigentes.
"Hay diferentes casos de personas que no tenían ningún motivo para ser deportadas y sin embargo fueron deportadas", agregó.
El abogado dijo que esperan presentar la demanda este mes. Para ello han debido esperar que transcurriera el plazo de seis meses después que se agotaron los recursos interpuestos a "las instancias internas".
Explicó que se mantienen en contacto con algunos de los cubanos que fueron expulsados hace un año.
Ciudadanos cubanos esperan a sus compatriotas en las afueras de la Unidad de Flagrancia, en Quito.
En otra entrevista con El Comercio, el abogado comentó que han registrado más de 80 sentencias que fueron revocadas por Diego Fuentes, entonces ministro encargado.
Durante el diálogo con Martí Noticias, el abogado dijo que es optimista respecto al resultado que pueda derivarse de la demanda que presentarán a CIDH, aunque admitió que los plazos de procesos como este "son bastantes distendidos".
"Lo que estamos haciendo no es solamente buscar justicia por los hechos que pasaron sino que es una forma de alertar tanto a las autoridades para que no incurran nuevamente en hechos similares y también a las poblaciones para que estén atentos para que no ocurra una situación así", comentó.
Entre las demandas esperan que sean levantadas las restricciones de estos cubanos para entrar en Ecuador y que les otorguen residencia permanente en el país.
"No hace falta mayor argumento que revisar esto y constatar que hubo una expulsión colectiva de extranjeros, que no hubo un análisis pormenorizado de cada caso (...) Se que tomará tiempo pero soy optimista de que es necesario que haya una justicia reparatoria frente a esta situación", aclaró.
Ciudadanía universal... excepto para cubanos
El caso de los cubanos deportados desde Ecuador puso en entredicho la política migratoria incluyente promovida por Correa durante su gobierno.
Contrario a su eslogan de "ciudadanía universal" que deja libre de visado a los ciudadanos de todo el mundo, los cubanos deben pagar costosas visas y se les impide registrar sus títulos universitarios.
Ante las críticas por la discriminación hacia los cubanos, Correa dijo que Ecuador no se iba a convertir en "un país coyotero", aludiendo a que los cubanos usaban el país como trampolín para llegar a Estados Unidos.
Desgarrantes testimonios de profesionales, comerciantes y migrantes cubanos aparecieron en el documental “Migrantes, los otros nosotros –cubanos-“, colgado en YouTube, y que sacó a la luz historias salpicadas de frustración, sinsabores y hasta miedo a ser detenidos y deportados.
El caso de los cubanos deportados desde Ecuador hace un año fue parte de la crisis migratoria, que comenzó cuando el gobierno de Nicaragua blindó su frontera a partir de noviembre del 2015.
La medida puso en vilo la región porque miles de cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos quedaron varados en países como Colombia, Panamá y Costa Rica. Los gobiernos implicados se vieron obligados a reunirse y tomar medidas de emergencia.
Bajo el liderazgo del gobierno costarricense fue organizado un puente aéreo humanitario que permitió a miles de cubanos pisar suelo estadounidense.
Ecuador ignoró las razones de los migrantes cubanos
Los cubanos procesados en Ecuador, -cuyo gobierno es aliado de La Habana-, habían solicitado sin éxito a las autoridades del país una medida humanitaria similar a la canalizada por países centroamericanos.
La respuesta de la Policía Nacional de Ecuador al pedido fue irrumpir por la fuerza en la madrugada del 6 de julio del 2016 en un parque público de Quito, donde se encontraban los migrantes cubanos.
Unos 150 fueron detenidos. Niños, adolescentes y hasta mujeres embarazadas cayeron en la redada.
"Hasta ahora no se sabe cuál fue la motivación que tuvo la Policía y el Ministerio del Interior para realizar esta intervención", dijo Arcentales a El Comercio.
El abogado dijo que a un año de estos hechos, Ecuador tiene una nueva ley de movilidad que entró en vigencia en febrero y que conserva la esencia de la anterior. La actual norma deja el proceso de deportación en manos de las autoridades migratorias, restando autoridad a los jueces de contravenciones.
"Eso resulta preocupante porque puede haber situaciones nuevas que se presenten quizá con otras poblaciones que están aquí. Venezolanos, haitianos, pueden ser también sujetos de este tipo de acciones que son inconstitucionales", advirtió el abogado.
(Escrito por Rosa T. Valdés, con reporte de El Comercio)