A pocos días de que el presidente estadounidense Donald Trump declare públicamente su política hacia el régimen comunista de Cuba, disidentes dentro y fuera de la isla dan a conocer sus demandas y perspectivas sobre qué debe cambiar, o no, en el proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países.
El movimiento Cuba Decide, que lidera Rosa María Payá, asegura en una carta enviada al mandatario norteamericano que “durante más de 5 décadas, la única iniciativa legal y masivamente participativa del pueblo cubano ha sido una petición constitucional para un referendo sobre nuestro derecho a autodeterminar cómo y quién nos gobierna: se trató del Proyecto Varela, guiado por Oswaldo Payá, un líder opositor que fue asesinado en Cuba por el régimen de Castro el domingo 22 de julio de 2012”.
“Los cubanos todavía hoy necesitamos y merecemos más que nunca los debidos cambios que democraticen a nuestro sistema social, para así garantizar plenamente la libertad de expresión, movimiento y asociación, así como lograr la liberación de todos los presos políticos, asegurar nuestro derecho a poseer empresas e instituciones privadas, así como garantizar la realización de elecciones libres y plurales, sin el monopolio del Partido Comunista de Cuba (PCC)", señala la misiva.
Para los impulsores de Cuba Decide, este "proceso democratizante" es el "único capaz de ponerle fin al totalitarismo en Cuba", más allá de los debates sobre si debe levantarse o no el embargo, "o las llamadas nuevas políticas de Estados Unidos hacia la Isla”.
No obstante, en entrevista con el programa 1800 Online, de Radio Martí, Rosa María Payá y otro promotor del proyecto ciudadano, Orlando Luis Pardo Lazo, aprovecharon la cobertura para pedirle al presidente Trump que apoye la iniciativa de Cuba Decide, un apoyo que ayudaría a ejercer presión sobre el gobierno cubano para hacer realidad el plebiscito vinculante que la organización propone.
Mientras, Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la plataforma ciudadana #Otro18, piensa que los bandazos en decisiones de Estado nunca son buenos y que, a su entender, había un consenso de ambos partidos en EEUU para cambiar las relaciones con Cuba, y que eso fue lo que hizo Barack Obama, por lo que el presidente Trump debería seguir la misma política de acercamiento con el Gobierno de la isla.
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Por su parte, Eliecer Ávila, de la organización juvenil Somos+, opina que la política de EEUU hacia Cuba debe enfocarse en proporcionar a los cubanos la mayor cantidad de oportunidades posibles para poder desligarse del cordón umbilical que los ata al monopolio empleador del Estado.
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Antonio Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades, señala que lo primero que tiene que hacer la Administración de Trump en un cambio de política hacia Cuba es empezar a tratar a ese régimen como lo que realmente es, "una dictadura con un largo historial de violación de derechos humanos y maltrato a su propia población".
Rodiles dijo que la política de Obama de tratar a la dictadura cubana "casi como si se tratase de un amigo" fue muy desacertado.
El opositor agregó que la política de sancionar a las empresas comerciales en manos de los militares castristas sería muy atinada, puesto que el aparato de los militares es el que lleva todo el tema represivo en la isla. Apuntó, además, que es importante "limitar los viajes del turismo, y los famosos e infaustos intercambios culturales".
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Empresarios preocupados
El presidente del Consejo Económico Comercial EEUU- Cuba, John Kavulich, estima que hay fuertes expectativas de que la nueva política que implementará el presidente republicano se enfocará en el tema del respeto a los derechos humanos y laborales, y en exigir las libertades religiosas en Cuba, pero añadió que los empresarios estadounidenses están preocupados por las oportunidades fomentadas por Obama, y porque puedan ser abortadas debido a una marcha atrás de las relaciones.
Agregó Kavulich que los empresarios estadounidenses se han venido preparando para manejarse con los nuevos cambios, y particularmente quieren saber cómo se trabajará con las compañías controladas por los militares del régimen cubano, puesto que uno de los objetivos de la Administración Trump sería eliminar el comercio con los militares y represores, que son los que controlan la mayoría de los negocios en la isla.
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(Redactado por Armando de Armas, con entrevistas de Amado Gil y Luis Muñoz)