Batalla de Raúl Castro contra la corrupción, un proceso turbio

Monedas cubanas

Videos y grabaciones sobre los procesos contra la corrupción y los funcionarios implicados, circularon entre las élites del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han sido difundidos a la población.
La lucha contra la corrupción administrativa, calificada por Raúl Castro como “uno de los principales enemigos de la Revolución”, condujo a la condena de un alto número de funcionarios durante 2012, pero los cubanos se quedaron esperando por la información prometida para conocer con transparencia la amplitud del problema.

“A su debido tiempo, luego del pronunciamiento de los tribunales correspondientes, toda nuestra población conocerá con amplitud estos hechos”, anunció Castro el 29 de enero de este año en la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba.

Videos y grabaciones sobre los procesos contra la corrupción y los funcionarios implicados, circularon entre las élites del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han sido difundidos a la población, que sólo ha podido leer sobre algunos casos en escuetos comuicados publicados por la prensa oficial.

Castro advirtió que “en lo adelante no permitiríamos que las acciones de enfrentamiento al delito fueran efímeras, como ciertamente nos ha sucedido en otras ocasiones”, pero curiosamente el tema de la corrupción estuvo ausente en su discurso ante la Asamblea Nacional la pasada semana, cuando pasó balance a la gestión de gobierno en 2012.

La falta de transparencia informativa ha dejado espacios abiertos a la especulación sobre el destino de importantes funcionarios, supuestamente involucrados en casos de corrupción.

Entre los más sobresalientes figuran el general Rogelio Acevedo, ex presidente del Instituto de Aeronáutica Civil; Pedro Alvarez, el ex director del monopolio estatal Alimport quien escapó hacia Estados Unidos cuando supuestamente estaba siendo investigado por corrupción y el arresto del principal asistente de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, Miguel Alvarez y su esposa Mercedes Arce.

Alvarez, y Arce, académica y ex funcionaria de la misión cubana en Naciones Unidas, fueron arrestados en La Habana el 3 de marzo. Su detención se conoció por fuentes cercanas al matrimonio ya que la prensa oficial nunca lo informó.

Alvarez fue durante dos décadas el principal asesor en asuntos internacionales de Alarcón, y algunos analistas vinculan su salida del parlamento cubano, a este hecho.

El general Acevedo fue destituido de su cargo por decisión del Consejo de Estado y el Buró Político del Partido, según una breve nota publicada en Granma, que no ofreció más detalles. Del destino de Acevedo no se ha ofrecido ninguna información.

En el mismo limbo informativo permanece la suerte de Stephen Purvis, jefe de operaciones de Coral Capital Group Ltd, una compañía británica de inversiones en Cuba, arrestado en abril de 2012.

Purvis estaría vinculado a un caso de corrupción por el cual también está arrestado, desde octubre de 2011, el presidente ejecutivo de Coral, Amado Fakhre, ciudadano británico de origen libanés.

Hasta ahora no se han publicados los cargos en su contra.

La política anticorrupción condujo este año a la condena de tres ex viceministros y nueve funcionarios con penas de hasta 12 años de cárcel, acusados de malversar fondos de la empresa Cubaníquel, dependientes del Ministerio de Industria Básica.

Casi dos años después de ser arrestados y sometidos a un silencioso proceso de investigación la cúpula gerencial de la planta de níquel Pedro Soto Alba, ubicada en Moa, provincia de Holguín, fue juzgada el pasado mes de agosto.

Los casos de corrupción, difundidos en la prensa oficial después de efectuarse los juicios, han tocado de cerca a varios sectores entre los que destacan la aviación civil, las telecomunicaciones y los habanos.

A fines de noviembre una veintena de funcionarios de diversos niveles de dirección en la provincia de Sancti Spíritus, fueron sentenciados a penas de entre 5 y 16 años de privación de libertad por los delitos de malversación y desvío de recursos.

Los sancionados estaban bajo investigación desde el 2010, según publicó entonces el diario Escambray de esa provincia en una escueta nota en la que se subarayó que los implicados enfrentarían responsabilidades penales por “abuso en el ejercicio del cargo y desvío de recursos con fines de lucro y para favorecer a familiares y amigos.”

Martínoticias.com publicado ésta noticia la pasada semana. La prensa oficial ha guardado silencio hasta ahora.