En años recientes, el mundo ha visto un incremento de migrantes que huyen de la guerra, la persecución política o el caos económico. De acuerdo con las Naciones Unidas, la gran parte de estas personas desplazadas permanecen en su propio país, pero millones se aventuran a salir a otros, con frecuencia haciendo frente a jornadas peligrosas y también ocasionando dificultades en las nuevas naciones que los albergan.
Los donantes internacionales y la comunidad internacional, en especial los Estados Unidos, han aportado miles de millones de dólares para asistir a estos migrantes. Sin embargo, ¿Qué tal si se utilizaran menores sumas de dinero para evitar desde un principio que sucedieran estas crisis humanitarias?
Consideren los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras, tres países de América Central a los que se conoce como el “Triángulo del Norte”. Cada uno de ellos enfrenta una combinación de pobreza, bandas despiadadas y crimen transnacional. En el curso de los últimos diez años, casi tres millones de personas de estos tres países, muchos de ellos mujeres y niños, han abandonado sus comunidades y se han dirigido al norte, algunos permaneciendo en México, y otros tratando de llegar a los Estados Unidos.
Hace casi 20 años, la nación sudamericana de Colombia hacía frente a una crisis similar por la violencia impulsada por la lucha de guerrillas, de grupos paramilitares, y de cárteles de la droga. En ese caso, un grupo bipartidista del congreso de los Estados Unidos decidió apoyar un plan de largo plazo – el Plan Colombia – para fortalecer las instituciones públicas de ese país, entrenar y equipar a sus fuerzas de seguridad, ayudar a combatir a los narcotraficantes, y ampliar los programas sociales. Por cada dólar aportado por los contribuyentes de los Estados Unidos, Colombia dio alrededor de 18 dólares, además de la sangre, sudor y lágrimas de innumerables patriotas colombianos que anhelaban recuperar su país.
Contrariamente a lo que muchos predijeron al inicio, el Plan Colombia funcionó, a medida que tres consecutivas administraciones colombianas mostraron una fuerte determinación política, y pusieron en vigor un programa sostenido para desmantelar los cárteles, aumentar la seguridad, y promover la actividad económica. El día de hoy, millones de colombianos están comprometidos a hacer que su país sea un mejor lugar para vivir, trabajar y sacar adelante a sus familias,
Creemos que una estrategia similar puede funcionar en Centroamérica. Durante estos últimos dos años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado apoyando la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte. Esencialmente, este plan busca ayudar a El Salvador, Guatemala y Honduras a alcanzar lo que Colombia logró: volver a tomar control de su territorio, poner fin al ciclo de violencia, corrupción e impunidad, ganar la confianza de los inversionistas y crear condiciones para un crecimiento sostenido e inclusivo.
Los países del Triángulo del Norte están persiguiendo estos objetivos al realizar exámenes de confianza, al profesionalizar y modernizar sus fuerzas policiacas y sus sistemas de justicia criminal para combatir mejor las bandas y el crimen transnacional. Están modernizando sus administraciones tributarias y aduaneras para incrementar los ingresos y hacer que las compras de parte del gobierno sean más transparentes. Esos gobiernos están ampliando el acceso a la educación, el cuidado de la salud y otros servicios sociales. Están dando incentivos para que las empresas aumenten sus inversiones y creen más empleos.
Aunque es aún muy prematuro declarar victoria, estamos viendo resultados tempranos que son alentadores: reducción en las tasas de homicidio, aumento de recaudación tributaria, gastos mejor orientados en escuelas y hospitales, mejores evaluaciones en los índices internacionales de apertura a los negocios. Estos esfuerzos, sin embargo, deben sostenerse en el tiempo para que echen raíces.
De la misma forma que el Plan Colombia tuvo un fuerte apoyo bipartidista durante las administraciones de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte ya ha recibido generosas contribuciones de los Estados Unidos, incluyendo 650 millones de dólares en el más reciente presupuesto federal. El Salvador, Honduras y Guatemala han presupuestado de manera colectiva 5,300 millones de dólares en el curso de los dos últimos años, incluidos 850 millones en préstamos del BID. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo se ha comprometido a proporcionar 750 millones de dólares adicionales en préstamos para proyectos de infraestructura durante los siguientes cinco años.
Esta semana tendremos una oportunidad de conocer más sobre el más reciente progreso, compromiso político y necesidades futuras de los países centroamericanos cuando el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence encabece una delegación que se reunirá con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en Miami, en una conferencia que se concentra en garantizar el apoyo de las comunidades empresariales locales e internacionales.
La conferencia es copatrocinada por los Estados Unidos y México, con la asistencia como observadores de muchos socios de la comunidad internacional.
El objetivo es lanzar un “shock positivo” de inversiones, particularmente en la infraestructura que tanto se requiere, lo que mejorará la competitividad y generará empleos.
La administración del Presidente Trump está comprometida a hacer que esta iniciativa sea un pilar de una estrategia más amplia para combatir la inmigración ilegal, al crear condiciones de seguridad compartida y crecimiento económico a lo largo del hemisferio. Algunos críticos podrían argumentar que hay elementos relativos a la construcción de un país en este plan, y que cada nación tiene el deber de resolver sus propios problemas, lo que es cierto. No hay duda de que cada país debe mantener un fuerte compromiso político para hacer frente a estos retos. Pero los Estados Unidos también comparten alguna responsabilidad de lo que está sucediendo en el Triángulo del Norte, a medida que la demanda estadounidense de drogas ilegales alimenta la actividad criminal en esos países.
Tal como en el caso de Colombia, casi todos los costos y riesgos de este esfuerzo correrán por cuenta de los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero como demostró el Plan Colombia, el apoyo internacional en esta crítica encrucijada puede ser el factor decisivo para asegurar el éxito.
Crear un ambiente que acelere la inversión del sector privado en los países del Triángulo del Norte beneficia a todos los involucrados – los Estados Unidos y México verán una disminución en el número de migrantes económicos que ingresan ilegalmente, y las naciones del Triángulo del Norte se beneficiarán de una mayor prosperidad económica y cohesión nacional.
Este ambiente también alentará a las buenas personas de los países del Triángulo del Norte a que inviertan en su propia nación, a que inicien negocios en sus comunidades, y que creen un círculo virtuoso que ofrezca oportunidades para que sus hijos puedan prosperar en su propia casa.
(Por Rex Tillerson, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América; John F. Kelly, Secretario de Seguridad Nacional, y Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo)
(Publicado originalmente en el diario Miami Herald)