Un juez de distrito de Nueva York ha fallado en contra de una solicitud del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España, para que desestimara las órdenes de un tribunal de Miami que permiten a familiares estadounidenses de víctimas del castrismo beneficiarse de fondos cubanos congelados por Estados Unidos.
El juez Alvin Hellerstein consideró que la petición del BBVA para desestimar los fallos por falta de jurisdicción carece de mérito.
Los procedimientos de embargo analizados por Hellerstein se refieren a tres demandas presentadas por familiares estadounidenses de personas que fueron torturadas por las autoridades castristas o en cuya muerte éstas tuvieron responsabilidad.
Entre 2006 y 2011 los demandantes ganaron demandas contra el gobierno cubano en una Corte de Circuito del sur de la Florida, en casos por separado, y consiguieron órdenes de indemnización de entre 95 y 2.790 millones de dólares.
Alvin Hellerstein, juez de New York.
Según el magistrado neoyorquino, en todos los casos, las conclusiones legales de los jueces de la Florida se basaron en audiencias justas para escuchar los testimonios y presentar las evidencias, y ellos determinaron que los demandantes habían demostrado sus denuncias de tortura y ejecución extrajudicial.
En la lista negra
Los jueces floridanos también concluyeron que el gobierno cubano no puede invocar inmunidad soberana de extranjeros, porque cae bajo una excepción que comprende a gobiernos designados como patrocinadores del terrorismo.
Las leyes de Estados Unidos obligan a los bancos a congelar las transferencias monetarias electrónicas en las cuales puedan tener un interés gobiernos que figuran en la lista negra de Estados Patrocinadores del Terrorismo de EE.UU, entre ellos el de Cuba.
Bajo la Ley de Aseguramiento contra Riesgos de Terrorismo, esos fondos congelados pueden emplearse para satisfacer las decisiones de tribunales estadounidenses favorables a víctimas del terrorismo, a costa de los gobiernos responsables.
En 2012 los familiares iniciaron litigios en Manhattan a fin de obtener la debida indemnización a partir de fondos cubanos existentes en 19 instituciones financieras, entre ellas Bank of America NA y Credit Suisse AG.
El Secretario de Estado John Kerry incluyó a Cuba en la lista 2014 de Países Patrocinadores del Terrorismo.
De los bancos afectados, BBVA fue el único en presentar una moción para desestimar los fallos, alegando que Cuba no había sido designada Estado Patrocinador del Terrorismo cuando los crímenes ocurrieron (Cuba ha figurado en la lista negra del departamento de Estado desde 1982). Pero los magistrados floridanos habían valorado que las torturas y ejecuciones extrajudiciales en cuestión fueron actos de terror, y tuvieron que ver en parte con la posterior designación de Cuba en la lista negra.
Respecto a la inmunidad soberana invocada por los abogados de BBVA, Hellerstein consideró que los jueces de la Florida ya habían valorado ese argumento, y que no le correspondía a él impugnar su criterio.
Actos de terror
Bobby Fuller, fusilado en Cuba, y su hija Lynita. Su hermana ganó una indemnización por $454 millones.
Jeannette Fuller Hausler sostuvo en su demanda contra el gobierno de Cuba que su hermano Robert Otis Fuller fue torturado para que confesara y ejecutado extrajudicialmente en octubre de 1960 por actividades contrarrevolucionarias, tras un juicio sumario de 15 minutos. Tras ganar su reclamación, el tribunal le concedió a Fuller Hauser $454 millones a manera de desagravio familiar en el 2006.
Otro demandante, Aldo Vera Jr., recibió orden de indemnización por cerca de $96 millones en el 2011 al considerar el tribunal del sur de la Florida como ejecución extrajudicial la muerte de su padre, Aldo Vera Serafín. Este fue un alto oficial de la policía que posteriormente desertó y creó una organización anticastrista en Puerto Rico. Vera padre fue condenado a muerte en ausencia y muerto a tiros en San Juan en 1976, supuestamente a manos de asesinos enviados por el gobierno de Cuba.
Alfredo Villoldo y Gustavo Villoldo Jr. obtuvieron en 2011 una orden de compensación por 2,790 millones de dólares, la mayor otorgada por una demanda contra el gobierno cubano en tribunales de Estados Unidos. Según la moción, su padre, Gustavo Villoldo Argilagos, se suicidó en 1959 debido a las amenazas, torturas y acoso implacable de que fue objeto al triunfo de la revolución de Fidel Castro. El hostigamiento contra la familia habría continuado hasta 2003, incluyendo la pérdida de la casa familiar.