La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió este año el 70 aniversario de su creación. Cuba, que fue uno de los países inspiradores de ese texto, tiene todavía por delante un largo trecho que andar en el cumplimiento de esa tarea.
Siete décadas después que los delegados de 56 gobiernos aprobaron en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus postulados son todavía una quimera en un buen número de países.
La Declaración que surgió ese 10 de diciembre de 1948 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), tras años de un arduo estudio, múltiples reuniones, debates, decenas de borradores y enmiendas.
En ocasión de este 70 aniversario la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, destacó en una declaración que desde su aprobación, la Declaración “ha servido de base a innumerables transformaciones positivas en la vida de millones de personas en el mundo entero y ha influido en unas 90 Constituciones nacionales y numerosas leyes e instituciones nacionales, regionales e internacionales”.
“Pero, 70 años después de su aprobación, la tarea a la que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos convoca está lejos de haber terminado. Y nunca concluirá”, concluyó Bachelet.
En el ámbito internacional de derechos humanos Cuba tiene tres compromisos pendientes con Naciones Unidas:
Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados el 28 de febrero de 2008.
Tampoco ha firmado la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ni el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la dictadura comunista cubana no es signataria del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Que fue adoptado en la capital italiana, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional".
En su más reciente informe 2017/2018 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Amnistía Internacional describe así la realidad que la dictadura comunista ha impuesto a los cubanos.
“La detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente tanto en Internet como fuera de la Red debilitaba los avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los derechos humanos”, afirmó AI.
Lee también Gobierno cubano viola sus propias leyes para reprimir a la oposiciónEl informe de AI es uno de varios documentos sobre el tema en relación con Cuba elaborados a lo largo de 2018 por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, donde se reiteran las denuncias a las violaciones de los derechos por régimen comunista cubano.
Organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación de los derechos humanos en Cuba, dan cuenta cada mes de los arrestos con marcados motivos políticos y las actos represivos que enfrentan los opositores en la isla.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), con sede en La Habana, difunde en su sitio web el trabajo de monitoreo que realizan sus activistas dentro de Cuba.
En su último informe correspondiente al pasado mes de noviembre la CCDHRN reporta 247 detenciones por motivos netamente políticos, una cifra superior a la registrada en el mes de octubre, de 202 arrestos.
La CCDHRN dice tener "certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato debido a la opacidad con que actúan las fuerza represivas y al carácter cerrado del régimen totalitario".
Un monitoreo similar, utilizando sus fuentes en la isla, realiza desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que reportó al menos 210 detenciones arbitrarias realizadas en el mes de noviembre.
"Los arrestos impidieron la asistencia a reuniones convocadas por el propio gobierno sobre la reforma constitucional. Además, pretendían silenciar la libre expresión de personas que exhortaban a votar “no” en el próximo referéndum (sobre la Constitución). También fueron reprimidos, con detenciones incluidas, los intentos de (promover el “no” en algunas iglesias cristianas", dijo el OCDH en su sitio web.
Desde Miami, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) promueve y ofrece asistencia en materia de derechos humanos a los cubanos dentro y fuera de la isla.
A raíz del conflicto con los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, la FDHC reveló que desde el pasado año ha investigado y recopilado "evidencias sobre la Trata y Tráfico de Personas por parte del gobierno cubano con el Programa Más Médicos (Mais Médicos). Dicha práctica expresa una modalidad moderna de esclavitud en la que miles de ciudadanos cubanos vienen siendo "exportados" por el régimen con la complicidad de otros gobiernos y organizaciones internacionales".
Lee también “A Cuba no vuelvo más”: Médicos cubanos deciden quedarse en BrasilEn una nota de prensa publicada en su sitio web la FDHC informó que ha otorgado "desde hace diez meses, apoyo legal a aquellas víctimas que decidieron reclamar una compensación denunciando ante los tribunales a los autores, cómplices, encubridores y facilitadores de este crimen internacional".
Un gran número de grupos de opositores, con mayor o menor capacidad organizativa, participan igualmente dentro y fuera de Cuba en el monitoreo y defensa de los derechos humanos en la isla, y en muchas ocasiones sus líneas de acción se mezclan entre la militancia política y el activismo cívico. Pero un recuento exhaustivo de cada uno de ellos, superaría los límites de este reportaje.
En la larga contienda sostenida por los cubanos durante 60 años contra la dictadura comunista, el movimiento de derechos humanos ocupa un lugar relevante y de características únicas.
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La creación de organizaciones cívicas y no violentas, como método de lucha, no tiene antecedentes en la historia de Cuba durante el período republicano precastrista, ni mucho menos tampoco durante el de la colonia y las guerras independentistas.
El referente histórico de ese proceso en la isla hay que buscarlo en movimientos similares originados en los países de la Europa Oriental, dominados entonces por el comunismo soviético, así como en la propia Unión Soviética.
Fue dentro de este contexto que se comenzó a incubarse el Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), que cumplirá por estos días 42 años de existencia, durante los cuales el movimiento disidente ha recorrido un inédito y complejo camino de logros y fracasos, pero siempre hacia adelante en el proceso de democratización del país.
El CCPDH se fundó formalmente el 28 de enero de 1976. Sus organizadores quisieron que la fecha coincidiera con el aniversario del natalicio de José Martí.
El grupo se creó bajo la dirección de Ricardo Bofill Pagés y un reducido grupo de colaboradores, ex presos políticos, todos procedentes de las filas del antiguo Partido Socialista Popular (Comunista), -Adolfo Rivero Caro, Elizardo Sánchez Santacruz, Edmigio López Castillo y Enrique Hernández Méndez --, quienes buscaron y encontraron el respaldo de una respetada figura revolucionaria de la época para su audaz proyecto: Marta Frayde.
Obstetra de profesión, Frayde fue una incansable activista por el adecentamiento de la república, amiga personal de Castro, y fungió como embajadora de Cuba ante la UNESCO en París hasta que renunció al cargo y regresó a La Habana, alarmada por la creciente represión política de la revolución devenida en dictadura marxista-leninista.
De aquella reunión formal, en su casa del reparto habanero de El Vedado, surgió el primer comunicado de prensa del CCPDH, que la propia Frayde entregaría a varias sedes diplomáticas y que se encuentra en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Meses después Frayde fue arrestada y condenada a 20 años de cárcel, acusada de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Salió al exilio en España en 1979.
Hace una década, al conmemorarse el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bofill reflexionaba así sobre el tema, durante un taller celebrado en la Universidad Internacional de la Florida.
La institucionalización del CCPDH en 1976 no fue un acto improvisado, ni el resultado de una decisión entusiasta. Había sido la culminación de un proceso iniciado en 1967 en las cárceles, cuando Bofill y López cumplían condenas bajo cargos de ''diversionismo ideológico'' en una causa conocida como La Microfracción, en la cual fueron involucrados varios antiguos militantes de la Juventud y el Partido Socialista Popular.
Durante ese período en la prisión, la colaboración del abogado Aramís Taboada resultó de trascendental importancia. Compañero de la época estudiantil de Castro, Taboada estaba preso junto con un grupo de jueces y altos funcionarios del poder judicial bajo supuestos cargos de corrupción y facilitó a la CCPDH importantes datos sobre juicios políticos fraudulentos, que los activistas hicieron llegar a Naciones Unidas en Ginebra.
La creación del CCPDH abrió una nueva etapa en la lucha contra el castrismo. Los movimientos subversivos internos habían sido liquidados por el régimen y la opción cívica, abierta, en favor de los derechos humanos que planteaban sus partidarios, parecía cuando menos una utopía.
El movimiento de derechos humanos, que nacía con el CCPDH, descorrió la cortina de silencio y anonimato en que había quedado sumida la oposición anticastrista.
Incluso el propio régimen se tuvo que enfrentar a un discurso y una acción opositora muy diferente a la que había combatido hasta entonces. En ese sentido fue un reto para todos los sectores implicados en la política nacional.
Cuando en abril de 1980 se producen los sucesos de la Embajada del Perú y el consiguiente Exodo de El Mariel, el régimen encarcela de nuevo a Bofill y López, así como a Rivero y Sánchez, bajo diversos pretextos, relacionados con el cargo común de ``conductas antisociales''.
Es precisamente, en ese período de dos años, dentro de la prisión del Combinado del Este en La Habana, cuando el CCPDH se fortalece. Se organiza mejor dentro de la prisión, establecen contactos con otros disidentes en las calles y se establecen canales secretos para enviar denuncias y comunicados que llegan a los medios de prensa en el exterior y a organismos como Amnistía Internacional.
En el Combinado del Este se amplían también los contactos entre estos activistas de derechos humanos y varios integrantes del denominado presidio político histórico, entre ellos el ex comandante rebelde Ramón Guin Díaz, Alfredo Mustelier Nuevo, Ernesto Díaz Rodríguez y el ex combatiente del Moncada y expedicionario del Granma, Mario Chánes de Armas.
Otras figuras más jóvenes encarceladas en el Combinado, procedentes también de la nueva disidencia, se incorporan al CCPDH, como es el caso de Ariel Hidalgo, quien jugó un importante papel en la consolidación del movimiento de derechos humanos.
Fue durante esa etapa cuando el CCPDH se nutrió con figuras políticas, intelectuales y simpatizantes de otras corrientes opositoras del país, como Gustavo y Sebastián Arcos Bergnes, Jesús Yánez Pelletier, Oscar Peña, Tania Díaz Castro, Samuel Martínez Lara, Reinaldo Bragado, Roberto Bermúdez, Rolando Cartaya, Hiram Abí Cobas y Pablo Llabre Laurel, entre otros, al mismo tiempo que comenzaron a constituirse comités de apoyo en el exterior.
Entre los varios factores que contribuyeron a ese fortalecimiento está la creación de Radio Martí en 1985, la emisora oficial del gobierno estadounidense con una programación destinada a Cuba.
En un régimen donde la voz de la oposición no había tenido hasta entonces resonancia nacional, los activistas de derechos humanos comenzaron de inmediato a utilizar sus programas para divulgar sus denuncias.
Es así como el 5 de febrero de 1988 Radio Martí transmite por primera vez una entrevista grabada en La Habana a un grupo de dirigentes del CCPDH. Se trata de una ''mesa redonda'', titulada Coloquio en La Habana, dirigida por Rolando Cartaya. En el programa participan Bofill, Bragado, Díaz Castro, Eddie López, Raúl Montesinos y Rafael Saumell.
En su libro La Fisura, apuntes para una historia del movimiento de derechos humanos en Cuba, el escritor Reinaldo Bragado, fallecido prematuramente, deja constancia también de esa colaboración, al referirse a un artículo suyo, "Una misa en busca de su ceiba", fragmentos del cual la emisora Radio Martí transmitió hacia la isla en el programa "Los Derechos Humanos al día", del periodista Jorge Ríopedre, constituyendo el primer documento periodístico redactado en Cuba que la emisora difundió hacia Cuba.
Aunque los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos de Cuba han tenido la precaución de archivar y catalogar documentos, comentarios y artículos periodísticos que recogen su desarrollo a lo largo de estos 42 años, buen número de los cuales han sido reseñados por este autor, es imposible resumir en un análisis periodístico un proceso tan complejo.
Esa es una tarea que corresponde a los historiadores.
En las últimas cuatro décadas han surgido en Cuba decenas de grupos cívicos y de derechos humanos. De todo signo y color político. La mayoría sin una militancia masiva, que en ocasiones intercambian liderazgos y títulos.
Algunos han querido ver en tal diversidad una fragmentación inútil de la oposición. Otros apuntan al quehacer de los servicios de inteligencia que han utilizado todo el arsenal disponible para obstaculizar el desarrollo del movimiento opositor.
Quizás nada defina mejor el camino recorrido por el movimiento de derechos humanos y la oposición interna, que las notas publicadas por Bragado, en La Fisura, que reúne importantes documentos para la historia de ese proceso y su reconocimiento nacional e internacional:
``Ha sido difícil conseguir este reconocimiento pero, una vez conseguido, entra a formar parte de una nueva realidad. La correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición sigue a favor del gobierno aunque también sigue cambiando, lenta pero inexorablemente, a favor de la oposición. La lucha por hacer cada vez más visible la oposición de la isla sigue teniendo una importancia decisiva'', comentó Bragado.