Un nuevo informe global del Comité para la Protección de los Periodistas, "Ataques contra la prensa 2017", dice en su apartado cubano, Conectando a Cuba, que el panorama mediático de la isla ha comenzado a abrirse en los últimos años gracias a la conquista─por periodistas, blogueros y documentalistas─ "de nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables".

EL CPJ observa en ese grupo un espectro de opiniones políticas que va desde los más críticos, conocidos como disidentes, hasta los que están en favor de la revolución y critican las ideas socialistas, aunque las siguen apoyando.

La organización recuerda que en un discurso de 2010, Raúl Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión, y estima que estas declaraciones "han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal".

La entidad asegura que la represión estatal sistemática a gran escala contra los comunicadores ha disminuido significativamente en la isla, y que "la táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como 'mercenarios' al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta. No obstante "los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades”.

Considera que “la amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza”.

Para el CPJ en la actualidad los mayores problemas para la libertad de prensa y de expresión en Cuba son:

1-) Leyes arcaicas (“las más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas”) como las de Desacato a la autoridad, Propaganda enemiga, Actos "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", y la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”.

2-) Un acceso a internet caro y limitado para todos los cubanos. La mayoría del contenido que producen los periodistas es consumido fuera de la isla, ya que el público nacional está mayoritariamente desconectado de la Internet.

A continuación el texto completo del informe sobre Cuba del CPJ:

Conectando a Cuba

Leyes arcaicas y acceso a internet caro y limitado frenan progreso en la isla

Por Carlos Lauría

El panorama mediático cubano ha comenzado a abrirse en los últimos años, transformado por una animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web noticiosos que contienen investigaciones periodísticas y opiniones noticiosas, y una innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando.

El mayor dinamismo en los medios contrasta con el restrictivo marco jurídico de la isla, que limita la libertad de expresión con el pretexto de proteger la "independencia o integridad territorial del Estado". Aunque la Constitución prohíbe la propiedad privada de la prensa, y todos los medios están presuntamente controlados por el Estado comunista de partido único, el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de cambio.

Los periodistas, desde los más críticos --quienes son conocidos como disidentes-- hasta los graduados de periodismo, los documentalistas y los blogueros en favor de revolución, están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables.

Blogueros han declarado que habían acogido con satisfacción la relajación de las restricciones. "Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años", declaró Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto en Adelante, un semanario estatal de la oriental ciudad de Camagüey, para lanzar un blog.

No obstante, muchos sostuvieron que hacía falta hacer más, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenaban el avance en materia de libertad de prensa en Cuba.

El presidente cubano Raúl Castro sostiene un ejemplar del periódico Juventud Rebelde en La Habana, en diciembre de 2010. Pese a algunas reformas en el ámbito de los medios, la libertad de expresión sigue objeto de restricciones. (AP /Ismael Francisco, Prensa Latina)

El acceso a la Internet en Cuba, que las Naciones Unidas clasifica como uno de los más bajos en el hemisferio occidental, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. Y aunque la represión estatal sistemática a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la intimidación por parte de las autoridades.

El ámbito de los medios comenzó a expandirse en 2011, cuando el presidente Raúl Castro introdujo reformas de mercado con el objetivo de reinventar el socialismo, aunque muchas de tales reformas se han implementado con lentitud y, en algunos casos, hasta se han revertido.

Cuando se lanzó por primera vez el llamado a favor de la relajación de las restricciones, la dirigencia del partido instó a la población cubana a criticar al gobierno y a las instituciones estatales. En un discurso pronunciado en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión.

Estas declaraciones han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal. Y aunque prácticamente no se critican las políticas gubernamentales en los medios oficiales, la mayoría de los periódicos --entre ellos el diario nacional Granma-- han comenzado secciones de "Cartas al editor" que les ofrecen a los cubanos un canal para expresar opiniones.

Periodistas oficiales y académicos de La Habana afirmaron que reconocían la necesidad de que la prensa oficial fuera más crítica, y algunos han reclamado una ley de acceso a la información pública.

Laura Blanco Betancourt, reportera del diario provincial estatal Vanguardia, admitió que la ausencia de una "cultura de debate" había impedido sostener conversaciones con franqueza dentro de la prensa oficial.

José Ramón Vidal, exeditor del diario Juventud Rebelde, fue más allá en una entrevista publicada en la edición de diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana Razón y Palabra, en la que argumentó que Cuba debía cambiar su "modelo comunicacional" porque "importantes cuestiones sociales" se estaban dejando de lado. Vidal, en la actualidad profesor de Comunicación en la Universidad de La Habana, señaló que el modelo mediático centrado en la propaganda estaba en crisis y que los cubanos ya no le prestaban atención.

Raudiel Peña Barrios, un jurista de La Habana, escribió en la revista digital OnCuba: "El sólo hecho de que se esté debatiendo sobre esta temática [la libertad de información] es una gran novedad en el contexto cubano". En un artículo titulado "El derecho a la información en Cuba: ¿posibilidad o utopía?", Peña sostuvo que semejante ley "debe contribuir a democratizar el acceso a la información".

Blanco Betancourt, quien reside en la ciudad de Santa Clara, afirmó que una estrategia de comunicación pública podía ayudar, y añadió que cualquier ley de esa índole "debe incluir el acceso a la información pública para todos los cubanos".

Aunque el férreo control del gobierno cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo control sobre los medios, y los periodistas independientes más críticos siguen sometidos al acoso. Los encarcelamientos por períodos prolongados se han vuelto raros desde la ola represiva de 2003 (durante la cual el CPJ documentó los casos de 29 periodistas que cumplían largas penas de cárcel), pero las detenciones y citaciones siguen siendo comunes, según datos del CPJ. La táctica, otrora común, de acusar a los periodistas de actuar como "mercenarios" al servicio de Estados Unidos, se ha vuelto prácticamente obsoleta.

El restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014, sumado a la histórica visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama en marzo de 2016, han dificultado que el Gobierno justifique la censura de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión estadounidense, de acuerdo con periodistas cubanos.

Aún no está claro cómo el nuevo Gobierno estadounidense influirá sobre esa dinámica. Y el mismo día de la llegada de Obama a Cuba, el bloguero independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido durante cinco días luego de intentar de cubrir una protesta de Las Damas de Blanco, grupo opositor fundado por las esposas de disidentes encarcelados. El periodista declaró luego de su liberación que no lo habían procesado, pero que le habían advertido que podía ser enjuiciado si lo volvían a arrestar.

El restablecimiento de los vínculos ha llevado a algunos analistas a sugerir que Cuba pudiera regresar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expulsó a Cuba en 1962. Pero en junio, el Gobierno cubano declaró que como una muestra de solidaridad con Venezuela, no se uniría a la organización, informó la BBC. La declaración de Castro ocurrió luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitara la aplicación de sanciones a Venezuela. La membresía en la OEA, cuyo mandato incluye una comisión para la protección de los derechos humanos, exigiría que Cuba mejorara su situación en materia de libertad de prensa, inclusive la reducción de restricciones sobre el acceso a la Internet y el cese del acoso a periodistas.

***

Cuba, que ocupó el décimo puesto en la lista del CPJ sobre los países con mayor censura correspondiente a 2015, posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas. El código penal cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de prensa.

La mayoría de los procesos penales que amenazan la libre expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el Artículo 144; el delito de "propaganda enemiga", previsto en el Artículo 115; o el delito de actuar "contra la independencia o la integridad territorial del Estado", previsto en el Artículo 91, que con frecuencia se emplea en combinación con la Ley 88, "de protección de la independencia nacional y la economía of Cuba", según un estudio comparativo de 2016 respecto a las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas, elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton en colaboración con la Fundación Thomson Reuters. Tales delitos pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 20 años.

La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y de héroes y mártires nacionales, lo cual también se utiliza junto con otras disposiciones para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales.

La amplia transformación del panorama mediático ha incrementado el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza.

La Internet quizás sea el mayor obstáculo para los periodistas que intentan adquirir relevancia, porque la mayoría del contenido que producen es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo, los periodistas deben pagar elevados precios por el acceso a la Internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público nacional que mayoritariamente está desconectado de la Internet.

Estos periodistas de los nuevos medios también se desempeñan en un vacío legal, en parte porque el Artículo 53 de la Constitución prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce "la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista". Muchos de los periodistas entrevistados señalaron que abordan su trabajo con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco jurídico vigente.

Desmantelar este marco para la prensa y eliminar todas las barreras al acceso individual a la Internet y a la vez expandirla a la población en general, son factores claves para promover un ambiente más abierto, según analistas y expertos en el tema cubano.

La lenta reducción de las restricciones refleja un Gobierno con muchos altos dirigentes mayores de 80 años que no son parte de una comunidad virtual activa. En el Gobierno y la dirigencia del partido se debate cuán rápida debe ser esta apertura.

Los disidentes, los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero que no son considerados hostiles, los blogueros progubernamentales y los miembros de la prensa estatal coinciden todos en un punto: quieren que el Gobierno les ofrezca acceso mayor, más barato y menos restringido a los 11 millones de habitantes de Cuba.

En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet "no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico para lograr una nueva conquista". Este obstinado enfoque en torno al acceso a la Internet pone en duda si el Gobierno cumplirá su promesa de llevar el acceso a la Internet al 50 por ciento de la población para el 2020, si lo permite la situación económica. Semejante logro exigirá mucha valentía de parte de la dirigencia cubana.

Carlos Lauría, director de programa y coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, ha escrito para numerosas publicaciones. Nacido de Buenos Aires, ha escrito con frecuencia para Noticias, la principal revista de actualidad política en Argentina.

[Basado en un informe del CPJ]