La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó está semana el asesinato del periodista mexicano Carlos Domínguez, muerto a puñaladas cuándo se encontraba en un automóvil.
Lamentablemente México ha sido en los años recientes el país del continente donde más periodistas han sido asesinados, 109 en los últimos 17 años, 12 en el 2017 y uno en los pocos días que han cursado de este 2018.
Sin embargo, México, no es el único escenario en el que murieron periodistas el año pasado. En otros países del hemisferio, aunque en menor cantidad, se han producido asesinatos de comunicadores, Honduras 4, Perú 2, República Dominicana 2 y Guatemala 1.
En Colombia hay al menos 147 periodistas bajo protección, en Venezuela los comunicadores están en constante peligro y corren grandes riesgos para cubrir los muchos sucesos que el gobierno pretende ocultar, incluida las precarias condiciones de vida de los ciudadanos.
En Cuba el régimen hace todo lo posible para eliminar a los comunicadores independientes recurriendo al acoso y al decomiso de sus equipos, para luego encarcelarlos por tiempo indefinido en el momento que lo considere conveniente.
El asesinato de Domínguez hizo que el presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, dijera que asesinar periodistas es una forma extrema de censura y que la falta de justicia en esos casos alienta más actos de violencia e impide el ejercicio de la libertad de expresión.
Los caudillos populistas históricamente han sido los enemigos principales de los comunicadores y de los medios independientes. En su gestión censora han recurrido a diferentes métodos que van de las amenazas judiciales al asesinato, pasando por la represión policiaca, el encarcelamiento, la eliminación de pautas publicitarias y de licencias, sin excluir, con cualquier pretexto, la confiscación del medio informativo.
El control de los medios de comunicación es uno de los sueños más valorados para quienes aspiran al poder político o pretenden conservarlo desde posiciones contrarias a la democracia, pero a estas vertientes tan perjudiciales se ha sumado un tercer actor particularmente peligroso, el crimen organizado, que desde el poder en Venezuela o al margen de la legalidad como ocurre en México, son una amenaza a cualquier manifestación de independencia ciudadana, en particular la de la información.
La prensa del hemisferio ha padecido numerosos depredadores. Individuos que ordenan censuras periódicas y/o definitivas,hastadéspotas como los hermanos Castro que confiscan los medios y solo permiten un periodismo doctrinal.
Otros como Hugo Chávez y sus seguidores,que aparte de asfixiar la prensa para que sicarios a sus servicio adquieran los medios y los pongan al servicio del gobierno, persiguen a los periodistas y criminalizan la información libre y terceros como Rafael Correa, que amparan los abusos en legislaciones restrictivas como es la aun vigente Ley de Comunicaciones de Ecuador.
Sin embargo, quizás, el peligro mayor para ejercer la libertad de expresión no radica en la capacidad de intimidar e infligir dañosde los gobiernos, incluido los que son conducidos por caudillos mesiánicos, sino en la voluntad de destrucción indiscriminada que caracteriza al crimen organizado.
El crimen organizado quizás sea la más seria amenaza a la libertad de expresión porque cuenta con una capacidad de intimidar amplia y diversa que puede conducir a la autocensura y al abandono de la profesión a instancias nunca antes conocidas. Estas fuerzas criminales tienen la capacidad de enmascarar sus transgresiones, mientras, aumentan sus posibilidades de adquirir mayores recursos y bienes para seguir desarrollando sus actividades.
Este tipo de delincuencia organizada, aunque no cuenta con el monopolio de la violencia que disfrutan los estados y por extensión sus gobiernos, salvo en el caso de Venezuela donde tiene el control del régimen, no conoce límites en su recurrencia a medidas extremas como el asesinato, tal y como se apreció en el Junquito que a pesar que el grupo insurgente sitiados propuso la rendición, fueron vilmente masacrados por grupos facinerosos del gobierno.