Siete meses después de la protesta ocurrida el 30 de septiembre en el barrio Las Cañas, del municipio habanero Boyeros, los detenidos continúan tras las rejas sin petición fiscal.
“En la manifestación había alrededor de 200 personas, pero solo se llevaron a siete. Lo que pedían era que se restableciera el agua corriente y la electricidad, porque hacía tres o cuatro días que no había, explicó a Radio Televisión Martí Maiby Alvarez Valdés, cuyo hermano está preso desde entonces.
William Álvarez Valdés, de 48 años, está recluido en el centro penitenciario Valle Grande, acusado de “Desórdenes públicos” con una medida cautelar de prisión preventiva.
“Mi hermano estaba en la manifestación. Los cogieron, los montaron en camiones, les dieron golpes y se los llevaron. De los siete solo soltaron a dos, un menor de edad que se llama Kevin y mi hijo Hansel Yanes Alvarez que esperan juicio en la calle. Los otros están encarcelados”, refirió Maiby.
La familia afirma que no poseen ningún documento sobre el procesamiento penal contra William Alvarez Valdés, de ocupación custodio en el Acuario Nacional.
Tampoco saben si ya concluyó la fase preparatoria del expediente y, como la petición fiscal no ha sido entregada, desconocen cuánto tiempo le quedará al manifestante en la cárcel.
“Sólo tenemos el número de causa, pero el expediente no se sabe dónde está. El abogado ha solicitado un cambio de medida en tres ocasiones y siempre se lo han negado. Nosotros fuimos al Tribunal Provincial y nos dijeron que el expediente no está allí, que está en la unidad policial de Calabazar, pero el Jefe de Sector nos aseguró que no sabía nada de eso”, relató.
El 30 de septiembre se sucedieron numerosas demostraciones populares en la capital cubana, además de la que acaecieron en diversos sitios del municipio Boyeros. Los cubanos protestaron en varios puntos de Guanabacoa y el Cerro, en Puentes Grandes, Playa, en La Palma y Mantilla de Arroyo Naranjo, entre otros.
El Proyecto Inventario informó de 76 protestas entre el 14 de julio y el 14 de octubre de 2022 en Cuba, fundamentalmente dirigidas a reclamar la reposición del fluido eléctrico y el agua, pero, en muchos casos, los manifestantes cerraron calles y prendiendo fuego a la basura mientras exigían libertad.
Las protestas se intensificaron cuando el paso del huracán Ian dejó a la Isla bajo un prolongado apagón.
A mediados de octubre el régimen, a través de sus voceros de prensa, advirtió que la fiscalía iniciaría procesos penales contra lo que describieron como perturbaciones del orden público y contra la tranquilidad ciudadana.
Por su parte, el grupo Justicia 11J Cuba denunció la detención de al menos 162 personas entre los meses de junio y octubre de 2022. De ellas más de 50 siguen encarceladas.