Basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado, una propuesta de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de siete años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país.
Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
“Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos 3 grupos… dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. La realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este en este país en la frontera”, declaró Salazar.
“Décadas de inacción del Congreso sobre la ley de Inmigración tiene consecuencias reales, y la crisis humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos requiere una solución bipartidista”, dijo la representante Escobar.
Bajo el Proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan cinco años en el país y no tienen antecedentes penales a vivir en los Estados Unidos durante siete años, bajo el programa llamado "Estatus de Dignidad", después de pagar 5.000 dólares en restitución y un impuesto sobre la nómina del 1.5%.
Durante ese período podrán salir y entrar de Estados Unidos sin problemas, pero no podrán tener acceso a servicios o programas sociales.
Después de esos siete años, los inmigrantes que quieran calificarían para el "Estatus de Redención", lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros 5.000 dólares.
La congresista explicó que los fondos se usarán para "asegurar la frontera" y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados.
El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, los denominados soñadores o dreamers, y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.
Con respecto a la situación en la frontera sur, la propuesta de ley propone la creación de unos "centros humanitarios" para detener a quienes buscan pedir asilo en Estados Unidos y donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un período de 60 días.
Aunque este es un plan bipartidista, son bajas las expectativas de que llegue al pleno de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Allí el proyecto requiere 218 votos, mientras que en el Senado, que está bajo control demócrata, necesita 60 votos.
La congresista Salazar expresó optimismo sobre su aprobación, señalando que la diferencia entre este proyecto de ley y el que presentó en el 2022, es que la nueva propuesta abarca las preocupaciones de todos.
Los copatrocinadores originales de la Ley Dignidad incluyen a las congresistas Jenniffer González-Colón (R-PR), Hillary Scholten (D-MI), Lori Chávez-DeRemer (R-OR), Kathy Manning (D-NC), y al representante Mike Lawler (R-NY).