Diez manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa, La Habana, recibieron las sentencias firmes del juicio celebrado en octubre de 2022 en el que los inculparon de los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato.
El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a tres de ellos a penas de 6 y 8 años de cárcel, mientras que al resto, los castigos de privación de libertad se les sustituyeron por trabajo correccional sin internamiento.
De acuerdo con la sentencia, fechada el 24 de enero y que puede ser apelada, los imputados “con el evidente propósito de perturbar la tranquilidad ciudadana, y valiéndose del malestar que provoca en nuestro pueblo el desabastecimiento de productos alimenticios y medicamentos, interrumpieron a su paso, el trayecto de los vehículos y rutas de ómnibus urbanos e irrumpieron el equilibrio social”.
También los acusaron de lanzar piedras a un vehículo policial.
El tribunal consideró como hechos probados que los incriminados marcharon desde el poblado costero de Regla y, atravesando la Vía Blanca, llegaron hasta Guanabacoa al tiempo que "mancillaron" la imagen del gobernante Miguel Díaz-Canel gritando frases “que denigran su masculinidad e imagen de figura pública”, además de la frase “abajo la dictadura”.
Los testigos, presentados por la Fiscalía, fueron en su mayoría policías.
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Reportaje de Yolanda Huerga
En esta causa, la 68 del 2022, uno de los procesados más conocidos es el profesor Pedro Albert Sánchez, quien ha realizado caminatas en solitario para reclamar derechos.
Albert recibió una pena de 5 años de libertad limitada. De acuerdo al documento legal, durante el cumplimiento de la sanción no podrá cambiar de residencia sin autorización del tribunal y está obligado a comparecer ante este cuantas veces sea llamado.
“Se supone que el juez me hace firmar cada cierto tiempo. Pero bueno, no me imagino la obediencia mía sin haber cometido delito. Eso voy a valorarlo mejor después, por un problema de principios, no puedo obedecer a eso, estaría obedeciendo a una injusticia, los estaría reconociendo a ellos como autoridad, como justicia”, subrayó el antiguo maestro en conversación con Radio Televisión Martí.
“En el juicio dos oficiales del MININT [Ministerio del Interior] cometieron el delito de perjurio. Dijeron que yo había dicho cosas que no dije”, denunció.
La activista Yamilka Pérez Naranjo fue sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento:
“Ninguno de nosotros hizo nada como para ser enjuiciados. Tampoco pensé que a esa gente les fueran a echar tanto tiempo. Eso es un abuso grande”, dijo en referencia a tres de sus compañeros de causa.
Marlon Hitachi Paz Bravo, condenado a 6 años de privación de libertad; Jandys González Mujica, a 8 años y Maikel González Mura, a 6 años de prisión.