La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló esta semana que los gobiernos deben garantizar el matrimonio del mismo sexo, pero Cuba es una de las naciones del continente que se encuentra a la zaga en este sentido.
La opinión consultiva de la CIDH, calificada de "histórica para la región", establece que "el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo" lo mismo que el derecho de las personas a cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género.
"Es un anhelo de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales) en Cuba, que se presione al Gobierno con respecto a garantizar la unión entre dos personas del mismo sexo)", dijo a Radio Martí desde La Habana, Navit Fernández, activista de la campaña Nosotros también amamos.
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Reportaje del periodista Adriel Reyes
Además de los estigmas sociales y la falta de leyes que los reconozcan, la comunidad LGTBI cubana se ve impedida de adoptar hijos.
Campaña Nosotros también amamos.
"Estamos también luchando en estos momentos por otra cosa que tiene que ver mucho con la unión entre dos personas del mismo sexo, que es la maternidad entre mujeres lesbianas. En Cuba, eso no se puede hacer porque la reproducción asistida es solamente para parejas heterosexuales. ¿Por qué un niño no puede ser criado por dos homosexuales?", agregó Fernández.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que los Estados deben asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos "sin discriminación" con respecto a las heterosexuales, como el derecho al matrimonio y los derechos patrimoniales y familiares.
La espirituana Aimara Peña dijo que las personas homosexuales en Cuba "son víctimas de discriminación". Añadió que ella cree que "se les debe permitir vivir juntos, legalizar su matrimonio y poder adoptar hijos si lo desean".
Los jueces interamericanos consideran que los Gobiernos de América Latina tienen el deber de garantizar estos derechos de manera transitoria mediante decretos o reglamentos, mientras se emprenden las reformas para incorporarlos a sus ordenamientos jurídicos.
[Redactado por Jorge P. Martínez con reportaje de Adriel Reyes]