No menos de 140 millones de dólares recibirían por daños y perjuicios los herederos de muelles del puerto de La Habana en una demanda interpuesta contra las cuatro principales compañías de cruceros con base en el sur de la Florida, dijo a Radio Televisión Martí una fuente familiarizada con el caso.
La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Beth Bloom acaba de dictar sentencia a favor de Havana Docks Corporation y su presidente, Mickael Behn, el nieto de William C. Behn, un ciudadano estadounidense propietario de tres muelles del Puerto de La Habana que confiscó sin indemnización el régimen de Fidel Castro en 1960.
Foto publicada por Mickael Behn. Rebeldes hablan con Capt. William C. Behn el día en que intervinieron Havana Docks Corp.
Según el fallo, Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises traficaron conscientemente con propiedades confiscadas por el régimen cubano.
El monto que obtendrá el demandante se determinará en un juicio con jurado, programado para el próximo 23 de mayo en Miami, indicó la fuente.
El buque "Adonia", de la empresa Fathom, filial de Carnival, fue el primero en arribar a la terminal "Sierra Maestra" del puerto habanero, el 2 de mayo de 2016 con 704 pasajeros a bordo.
Después de más de dos años de litigio, el bufete de abogados Colson Hicks Eidson, en representación de Havana Docks Corp., presentó una solicitud de sentencia sumarísima y la jueza accedió.
El fallo determinó que las compañías tienen responsabilidad civil, que ganaron más de mil millones de dólares en sus viajes a Cuba y pagaron al gobierno cubano aproximadamente 120 millones de dólares entre 2015 and 2019 por concepto de operaciones relacionadas con la industria del turismo y los viajes de pasajeros, fuera de las 12 categorías de licencias de viajes a Cuba establecidas por el gobierno del presidente Barack Obama.
Lee también Agencias del régimen cubano ganaron millones de dólares en contratos con compañías de cruceros de EEUUEn la sentencia de 169 páginas, la magistrada indicó que el hecho de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno de EEUU (OFAC) aprobara licencias para viajar a Cuba y los funcionarios del poder ejecutivo, incluido el presidente, alentaran a los acusados a hacerlo, no exime a estas compañías automáticamente de responsabilidad, si se dedicaron a alentar un turismo prohibido por la ley.
“Havana Docks afirma que el acusado traficó ilegalmente con bienes confiscados por el gobierno cubano —la terminal y sus muelles— en violación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, de 1996, o la Ley Libertad (también conocida como la Ley Helms-Burton)”.
El documento reveló que las empresas demandadas también otorgaron contratos millonarios a varias agencias del gobierno cubano por el uso de la terminal portuaria y paseos turísticos.
Lee también El Adonia no viajará más a Cuba para el verano del 2017“El correo electrónico de enero de 2019 y el testimonio de Jorge Delgado, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales de Royal Caribbean, demuestra que las excursiones organizadas por Havanatur (empresa estatal cubana) no cumplieron con el requisito de viaje de persona a persona, de mejorar el contacto con el pueblo cubano, apoyar a la sociedad civil en Cuba, o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas”, indicó en el texto la jueza demócrata Bloom, nombrada por el presidente Obama en 2014.
Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, ha fungido como asesor legal en varios casos que tienen que ver con algunas de las demandas a tenor de la Ley Helms-Burton luego de que el presidente Donald Trump en abril de 2019 activara el Título III de la Ley, aprobada por Bill Clinton en 1996 como sanción al gobierno de La Habana por derribar dos avionetas del grupo humanitario estadounidense Hermanos al Rescate.
“Fueron viajes turísticos, fuera de las licencias establecidas y las cuatro compañías hicieron negocios con empresas controladas por el aparato militar del régimen de Cuba como Havanatur, bajo el conglomerado castrense de GAESA”, dijo Gutiérrez.
El experto agregó que la compensación por daños y perjuicios en este caso puede llegar a ser tres veces el valor original de la propiedad en cuestión determinada por expertos, más 6 por ciento de interés.
“Se estima que serían entre 100 y 400 millones de dólares”, indicó el experto de ascendencia cubana.
Otra fórmula para calcular la compensación es la cantidad que costaría hoy reconstruir la instalación. El jurado entonces tiene que seleccionar la más alta de las dos opciones y multiplicar por tres.
Asimismo, quedó comprobado en la sentencia que las compañías ganaron más de 1.100 millones de dólares en ingresos por la reserva de los cruceros a Cuba.
También los cruceros podrían encarar responsabilizar legal ante el Departamento del Tesoro de EEUU y ser multados por violar las regulaciones gubernamentales concernientes a los viajes a Cuba.
En el fallo, aparece que las compañías argumentaron que sus actividades en la isla eran totalmente legales y respaldadas por licencias emitidas por entidades del gobierno de los Estados Unidos.
La jueza, sin embargo, discrepó y concluyó que los encartados simplemente interpretaron las reglas y regulaciones como les pareció.
“Incluir el Cabaret Tropicana y el Cabaret Parisién en la interpretación de los viajes de persona a persona es ignorar la distinción expresa de la regulación entre viajes educativos permitidos y viajes turísticos no permitidos”, escribió la jueza.
“La sentencia da un espaldarazo a la prohibición de viajes turísticos a Cuba, algo que hemos estado trabajando por décadas y al fin estamos recogiendo frutos. Además, sienta un precedente para decenas de demandas en curso y otras que están por venir. Estamos muy contentos”, expresó Gutiérrez con aires de complacencia, quien actualmente asesora a un bufete en Washington que tramita demandas relacionadas con Cuba.
Tres de las empresas demandadas no respondieron a los correos electrónicos enviados por Radio Televisión Martí y un vocero de Norwegian Cruise Line contestó que no ofrecería comentarios sobre un caso judicial en curso.