La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron “la creciente represión” del Estado cubano contra activistas de derechos humanos, así como “el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las manifestaciones”.
Ambos órganos de la Organización de los Estados Americano, OEA, exhortaron en un comunicado al Estado cubano a “escuchar las demandas legítimas de su pueblo", y a poner en libertad a las personas detenidas “por su participación o apoyo a protestas sociales”.
“El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a la calle en todo el país para reclamar ante la escasez de alimentos y medicinas, los prolongados cortes de electricidad y las restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos”, precisa el texto.
Acerca de la respuesta del Estado, la CIDH y la RELE denunciaron que las autoridades cubanas recurrieron a la violencia “a través de malos tratos, intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y juicios sin garantías del debido proceso”.
También advirtieron que siguen ocurriendo protestas en la isla, “impulsadas principalmente por el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las protestas de 2021”, y el Estado sigue reaccionando de la misma manera.
“Durante las protestas del 17 y 18 de marzo de 2024, la CIDH recibió reportes de ciudades militarizadas, activistas vigilados en sus viviendas, cortes de internet y al menos 37 personas detenidas”, subraya el comunicado.
Asimismo, “se registraron interrogatorios y detenciones a activistas por sus publicaciones en redes sociales, y proyectos de normativas migratorias que amenazarían a personas exiliadas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial recuerdan “que el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas expresar sus demandas, disentir y reclamar por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
En ese sentido, exhortan a Cuba a respetar “el derecho a la libre manifestación y a abstenerse del uso de la fuerza y la criminalización”, y reiteran el llamado a que libere a las personas privadas de la libertad “por participación o apoyo a protestas sociales pacíficas en el país, así como las personas periodistas que han dado cobertura a las mismas”.
La delegación de EEUU ante la OEA
Frank Mora, embajador estadounidense ante la OEA, declaró el 11 de julio que Estados Unidos se “mantiene firme” en su apoyo a los derechos humanos en Cuba, y a la promoción de la Justicia en la isla.
“Es imperativo la rendición de cuentas por los abusos”, aseveró el diplomático estadounidense de origen cubano en la plataforma X.
En otro mensaje, Mora destacó que la CIDH denunció las violaciones que ocurren en Cuba y la delicada situación en la que se encuentra José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU que fue arrestado el 11J, recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, y declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Hay poca información sobre las condiciones en las que se encuentra Ferrer, porque el régimen lo mantiene aislado, con poca comunicación con su familia.
“Nosotros (Estados Unidos) también tenemos una profunda inquietud por su salud y seguridad y urgimos a Cuba a cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales y a permitir acceso a su familia”, concluyó el embajador Mora.
La familia de Ferrer
Familiares de José Daniel Ferrer lanzaron a inicios de mes una campaña exigiendo fe de vida del prisionero político.
Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, dijo desde Santiago de Cuba que hace un llamado "a la comunidad internacional; a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones amantes de la libertad y la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo".
"Desde el 1º de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada (...) desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas; no le han dado derecho a, ni siquiera, poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial", denunció Ortega Tamayo.