En ocasión de las reuniones y medidas que vienen promoviendo varios países de América Latina para responder a la llegada masiva de migrantes venezolanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otros organismos internacionales, han adoptado una declaración conjunta.
Firman la resolución el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los firmantes de esta declaración conjunta observan que "diversos países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) vienen promoviendo distintas reuniones y espacios para desarrollar respuestas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a países del continente americano".
La declaración conjunta reconoció como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre "Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región", adoptada este martes, 4 de septiembre.
Guatemala y el mandato contra la impunidad
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato contra la Impunidad.
El plazo de vigencia del acuerdo ha sido objeto de sucesivas prórrogas, cuya última extensión inició el 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 3 de septiembre de 2019.
Desde el inicio de las actividades contra la Impunidad en 2007, la CIDH expresó su apoyó esta iniciativa y reconoció su rol trascendental en la lucha contra la corrupción en Guatemala a través de la desarticulación de redes criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público, así como en el apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato.
A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto involucramiento de altos funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del país en actos ilícitos de corrupción, cuyos procesos judiciales aún se encuentran en trámite pendiente de resolución.
La CIDH reiteró "la fundamental importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial".
La organización resaltó la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor sin ser víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos en contra su vida e integridad física.
(A partir de comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)