La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al régimen de Cuba a proteger “los derechos a la vida, integridad personal y salud” del preso político Fray Pascual Claro Valladares, uno de los manifestantes de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
Mediante una Resolución emitida el 30 de junio, la entidad continental otorgó medidas cautelares para el joven, detenido cuando tenía 21 años. Claro Valladares fue sentenciado a diez años de privación de libertad, junto a otros 13 participantes de las protestas en el pueblo camagüeyano.
“Me reconforta saber que hay organizaciones apoyando a mi hijo, que lo reconocen. Él no cometió delito alguno y menos para que le echaran diez años. Él no robó, no mató. Solo se expresó libremente y de forma pacífica”, dijo a Martí Noticias Yanelis Valladares Jaime, la madre del prisionero político.
Tras examinar las alegaciones presentadas por la parte peticionaria, la CIDH concluyó que el joven “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia” y corre un “riesgo de daño irreparable” porque, desde que fue arrestado ha sido sometido a maltratos y torturas y “condiciones severas de aislamiento e insalubridad” en las diversas cárceles adonde fue llevado.
En abril de 2024, luego de conocer su sanción, Claro Valladares intentó suicidarse en la prisión Cerámica Roja, donde está recluido.
“En lugar de recibir la atención psiquiátrica necesaria, fue castigado con aislamiento y su situación fue desestimada por los agentes penitenciarios”, señala el órgano autónomo de la OEA, que, además valoró que la calificación como "contrarrevolucionario" de Claro Valladares y su manifestación contra el gobierno le han llevado a ser víctima de intimidación, golpizas y amenazas de retirar beneficios.
La madre aseguró que Fray Claro, después de tratar de ahorcarse con una soga, estuvo algunas horas en el puesto de mando de la cárcel y entonces lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni de la capital camagüeyana.
“A los cuatro días lo llevaron al psiquiatra que aconsejó que lo valorara un psiquiatra militar. Como a los 15 días, fue a verlo el psiquiatra militar que le indicó dos antidepresivos, carbamazepina y amitriptilina, pero todavía no ha podido tomar los medicamentos porque no los hay en la prisión”, denunció.
Valladares Jaime lamentó que, a más de dos meses del comportamiento suicida de Fray, no ha tomado las medicinas que le prescribió el especialista.
Investigaciones han demostrado que una persona que ha intentado quitarse la vida corre un riesgo mucho más alto de suicidarse en el futuro.
“Lo tuvieron en la enfermería de la prisión casi un mes. A los que intentan suicidio les ponen allí una persona que está pendiente y los vigila para que no vuelvan a tratar de quitarse la vida”, relató Valladares Jaime.
Por las informaciones recibidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado cubano que adopte mecanismos para salvaguardar la vida e integridad personal de Fray Pascual Claro Valladares y que implemente las medidas necesarias para adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales.
“Asimismo, que se realicen los diagnósticos médicos correspondientes, la definición de su tratamiento médico, y que éste sea efectivamente brindado”, solicita el organismo americano.
Como habitualmente hace, frente a los pedidos de la CIDH y otras organizaciones, el Estado cubano no ha respondido sobre el caso del manifestante.