El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, que dirige Mariela Castro, tiene en fase final una propuesta para que las autoridades cubanas y la sociedad reconozcan la sexualidad como un derecho humano, reportaron el miércoles medios estatales.
La discriminación por motivos sexuales en la isla es un problema denunciado en múltiples ocasiones por activistas, miembros de la sociedad civil, intelectuales y artistas. Los reportes incluyen injusticias, malos tratos, ofensas y agresiones contra homosexuales y miembros de la comunidad LGBT, así como crímenes violentos, incluidos feminicidios.
Lee también Seis décadas sin derechos humanosDurante el anuncio realizado en un panel celebrado el miércoles en La Habana por el Día Mundial de la Salud Sexual, el jefe del departamento de Trabajo Comunitario del Cenesex, Gustavo Valdés, dijo que el proyecto está en un momento final y esperan que sea aprobado oficialmente a finales de 2019 o inicios del próximo año.
La política, en la que intervienen varias instituciones, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Educación Superior de Cuba, incluye campañas en los medios de comunicación, formación de profesores, modificación del programa escolar con enfoque de género y derechos humanos, y los servicios de salud y justicia, según reportaron medios de prensa locales.
Un activista LGBTI discute con un policía el sábado 11 de mayo, durante la marcha gay convocada por la sociedad civil.
Uno de los reclamos más importantes para la comunidad LGBTI en la isla ha sido la legalización de las uniones de personas del mismo sexo. El asunto estaba contemplado inicialmente en el artículo 68 del proyecto de Reforma Constitucional, donde se redefinía como la "unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello”.
El intento por incluir este nuevo concepto fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976 y generó encarnizados debates y manifestaciones a favor y en contra. Finalmente fue eliminado de la nueva Constitución y quedó en manos del nuevo Código de Familia, actualmente en elaboración.
"En el caso de los servicios jurídicos, son vitales porque es el espacio a donde pueden recurrir en caso de maltrato, hacer alguna denuncia, y necesitamos que los operadores del derecho tengan las herramientas para hacer frente a situaciones que pueden estar relacionados con la orientación sexual, le expresión de género, las inequidades o la violencia", explicó el funcionario.
Crímenes como el feminicidio u otros casos de violencia de género no son reconocidos como delitos dentro del Código Penal vigente en la isla. La nueva Constitución aprobada en febrero de este año insta a proteger a la mujer “ante cualquier tipo de violencia”, pero no tipifica el feminicidio.
En la isla tampoco se aplica la orden de restricción o alejamiento, que previene la continuación del abuso y brinda protección a las víctimas.