El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre, a al menos, cinco personas por razones políticas, de acuerdo al informe más reciente del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Hasta el 31 de octubre, esa entidad recopiló y documentó 726 casos de presos políticos.
Arnaldo Recaine Mustelier Veranés, Gustavo Mena Artola, Aníbal Ribeaux Figueredo, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles y Yankiel Villavicencio Balmaseda están en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y de reunión.
“Nosotros hemos podido recopilar cinco nuevos presos y no quiere decir que esos sean los únicos. Los que ya entraron a prisión entraron por diferentes delitos, por ejemplo, ‘instigación a delinquir’, ‘propaganda contra el orden constitucional’, ‘desórdenes públicos’ y ‘desacato a la figura del Gobierno’”, dijo a Martí Noticias, Martha Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización que tiene su sede en La Habana.
La opositora aseguró que el gobierno de la Isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial, la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión.
“Poco a poco la dictadura ha ido acomodando sus leyes para hacer de esto un delito. Es por eso que están en la posibilidad de juzgar por escribir en Facebook. Han hecho nuevos decretos y nuevas leyes que traen como consecuencia que toda persona que se exprese libremente, vaya a prisión, incluso, aquellos que den opinión sobre los dirigentes del país”, afirmó Roque Cabello.
El arsenal del que se ha pertrechado el gobierno de Miguel Díaz-Canel contempla el nuevo Código Penal, el Decreto 349 con restricciones a la expresión artística, el Decreto Ley 35 y el 370 que castigan contenidos críticos en redes sociales y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones, entre otros.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que un número no precisado de presos políticos han pasado a régimen de menor rigor y están internados en centros abiertos, disfrutando, muchos, de los pases que les permiten cortas visitas a sus hogares.
“Hemos podido tener acceso a más personas a las que se le han dado beneficios, algunas también se los han negado”, indicó la directiva de la entidad.
“También ha habido presos a los que se les han revocado los beneficios, como es el caso de Cervantes Borges Chacón que estaba en la calle, trabajando en un camión de basura desde el mes de junio y, según nos explicó la mamá, se le fue el camión de basura porque el jefe lo mandó a buscar café y entonces lo revocaron porque lo acusaron de que había huido y fue recluido en el establecimiento cerrado Toledo.