El parlamento de Cataluña aprobó este lunes una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017.
La respuesta de Madrid fue inmediata. En una hora, el jefe del Gobierno español Mariano Rajoy compareció públicamente y anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto y la convocatoria de un Consejo de Ministro extraordinario el miércoles.
"Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos", aseguró Rajoy, que el 20 de diciembre se juega una nueva legislatura en el poder en unas elecciones legislativas donde la cuestión catalana se anticipa fundamental.
Por ello, el Jefe de Gobierno buscó en los días anteriores el apoyo de los grandes partidos españoles que, en su gran mayoría, le dieron su beneplácito a presentar este recurso para frenar las aspiraciones independentistas.
Estos objetivos se reflejan en la resolución aprobada este lunes con el apoyo de 72 diputados de los 135 del parlamento regional: Iniciar "el proceso de creación del Estado catalán" que "no se supeditará a las decisiones del Estado español".
Con este texto "damos inicio a un nuevo Estado", aseguró el diputado Raül Romeva, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí, del presidente en funciones Artur Mas.
Tras las elecciones regionales del 27 de septiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar este "acto de ruptura", en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda de la administración pública y a iniciar inmediatamente la construcción de una administración tributaria independiente.
"Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años", aseguró la líder de la oposición Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. "Esto tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes", añadió.
Los independentistas sólo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.
Esta negativa llevó al Gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1.9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
Esta desobediencia al Tribunal Constitucional se avecina habitual durante este proceso que debería culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la constitución del nuevo país.
"La resolución se aplicará independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional", afirmó a AFP el diputado independentista Pere Aragonés.
Desde Madrid, Rajoy se mostró "decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia".
Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y desde hace semanas plantea la posibilidad de suspender la autonomía catalana.
"En Cataluña tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo en un acto irresponsable", advirtió el líder catalán de su formación, Xavier García Albiol.
Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando este tribunal recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7.5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
Tras años reclamando un referéndum, optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, podría derrumbarse por las diferencias ideológicas en el seno independentista.
Seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Artur Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, deberán convocarse unas nuevas elecciones y la secesión podría quedarse en mero proyecto.