Las autoridades carcelarias intentan forzar a la opositora Lizandra Góngora Espinosa, recluida en la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, a que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal y, ante su negativa, le han suspendido las últimas dos visitas, denunció a Radio Televisión Martí su esposo, Ángel Delgado.
La activista cumple 14 años de condena por los supuestos delitos de “sabotaje con carácter continuado”, “robo con fuerza”, “desacato” y “desordenes públicos”, por su participación en las protestas populares en Güira de Melena, Artemisa.
“La situación de Lizandra se debe a que, como ella es presa política, la quieren doblegar de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya dos visitas sin dar explicación alguna, y para yo ir al Guatao tengo que recorrer unos cuentos kilómetros. Hay que cocinarle los alimentos y salir de madrugada para la prisión y, entonces, tuve que regresar con toda esa comida para Güira.
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Tomás Cardoso habló con el esposo de la presa política, Ángel Delgado
“Luego hablamos por teléfono y yo le dije a mi esposa que no dejara que este hostigamiento la saque de balance, porque esta no será la última vez que esto le ocurra. Esa es la raíz del problema, esta gente actúa de esa forma”, señaló Delgado.
También habló del problema de salud que tiene la activista, a la que se le está negando la asistencia médica especializada.
“Lizandra estuvo 42 días en una celda de castigo. A partir de ese periodo, probablemente por el exceso de humedad en las paredes de la celda, le han salido varias machas oscuras en la piel, y no se determina que tratamiento van a ofrecerle. Lleva ya varios meses así y no la han llevado a un especialista, ni tampoco le han realizado prueba alguna para determinar que padecimiento sufre. Ella está muy preocupada porque pasa el tiempo y cada vez se pone peor”, dijo su esposo.
Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de cinco menores, recibió la sentencia firme entregada por el Tribunal Militar Territorial Occidental el 11 de marzo pasado, como parte de un grupo de 33 personas del poblado de Güira de Melena que fueron juzgados por participar en las protestas del 11 de julio.