Abogado de Carromero dice que no tuvo acceso a pruebas

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José María Viñals, abogado de Ángel Carromero, durante una entrevista con Efe

José María Viñals dice que no pudo tener acceso a las pruebas del accidente y tuvo que actuar con lo que los peritos y las fuerzas del orden cubanas determinaron.
Ángel Carromero, el dirigente español de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP), sentenciado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente que costó la vida a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, ingresó al centro penitenciario de Segovia luego de cumplir los trámites pertinentes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Su abogado, José María Viñals, dijo en entrevista a la agencia de prensa Efe que después de la "pesadilla" que ha vivido Carromero, éste se encuentra bien, con ganas de volver y de ver a su familia.

Refiriéndose al procedimiento en Cuba, Viñals explicó que una vez que la sentencia resultó firme, fue cuando el Ministerio de Exteriores y la embajada españoles asumieron el protagonismo y el liderazgo en las negociaciones con las autoridades cubanas, en las que -aseguró el abogado- él no tomó parte, ni conoce su contenido, como tampoco tiene constancia de si ha habido alguna condición impuesta por las autoridades cubanas .

Lo que sí tiene claro Viñals es que se reunirá con Carromero para perfilar la estrategia de defensa y decidir cuál de las vías posibles que tiene abiertas es la "más apropiada", entre las que se encuentra también el indulto.

"Entendemos que sería aplicable un tercer grado en una de las modalidades más benignas. Nosotros como defensa haremos lo posible para que así sea, pero la Junta de Tratamiento de la cárcel es la que tiene a priori que adoptar la decisión", explicó el letrado.

Tampoco tiene dudas de que si el juicio no se hubiera desarrollado en Cuba el resultado sería distinto, aunque admite que de conformidad con la legislación cubana fue un proceso "garantista" y "se cumplieron todas las formalidades de forma exquisita y excepcional".

No obstante, el abogado añadió que desde la óptica de las leyes españolas falló la "capacidad de contradicción", porque en Cuba la defensa no pudo tener acceso a las pruebas del accidente y tuvo que actuar con lo que los peritos y las fuerzas del orden cubanas determinaron sobre el mismo, como establece allí la legislación.

En España no hubiera sido condenado porque no se habría probado la señalización de la vía, ni el tipo de obra que se estaba realizando, ni tampoco la determinación exacta de la velocidad, que son tres elementos que se quedaron a nuestro juicio sin poder probar de forma técnica, científica y objetiva", afirmó el letrado.

Sin embargo, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en España, Regis Iglesias, declaró a Radio Marti que aunque siente alegría por la llegada de Ángel Carromero, lamenta que sea en calidad de "rehén".

Iglesias expresó su preocupación porque "aunque el abogado de Carromero haya dicho en entrevista que en el juicio que se celebró en Bayamo la defensa no tuvo acceso a pruebas periciales, aquí nadie está hablando todavía de las evidencias que muchos en España y Suecia tienen de los mensajes que desde teléfonos celulares enviaron Ángel Carromero y Aron Moding", apuntó Iglesias.

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Declaraciones de Regis Iglesias, portavoz del MCL a Radio Martí



En las declaraciones a la prensa, el abogado de Carromero dijo que no niega tampoco que haya podido existir cierta politización de este caso, que se ha desarrollado en tres niveles: uno jurídico y legal, otro mediático y un tercer nivel político, "pero además con la especificidad de que había dos políticas, una en España y otra en Cuba, y tan dispares la una de la otra".

La defensa declaró que en ese contexto optó por un perfil bajo y así se lo aconsejó a amigos y familiares de Carromero, que lo respetaron. "Ha sido un encaje de bolillos", dijo Viñals, que hace hincapié en que para todos "lo fundamental también era que viniera cuanto antes".

Carromero permanece en el centro penitenciario de Segovia y la Audiencia Nacional tendrá que determinar cuál es la pena que tiene pendiente tras haber cumplido cinco meses de los cuatro años de cárcel a los que fue condenado por homicidio imprudente.

En la prisión será examinado por los médicos y, posteriormente, la Junta de Tratamiento del centro determinará su clasificación, para lo que tiene un plazo máximo de dos meses.