Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizarán el miércoles una tensa reunión de consulta en Washington sobre la situación en Venezuela, donde la oposición mantiene las protestas callejeras contra el gobierno.
El objetivo de la reunión de alto nivel es discutir la crisis que paraliza al gigante petrolero sudamericano, en un escenario marcado por masivas protestas que duran ya dos meses y han dejado hasta ahora un saldo de 60 muertos.
Sin embargo, la discusión a nivel de cancilleres deberá ocurrir sin la presencia de Venezuela, ya que el país inició el 28 de abril el proceso formal de salida de la OEA y desde entonces ha dejado vacía su silla en las discusiones del organismo.
Este martes existían dos proyectos de Declaración protocolados ante la OEA a ser discutidos por los ministros: una presentada por las delegaciones de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, y la otra por la delegación de Antigua y Barbuda.
En líneas generales los dos proyectos de Declaración piden al gobierno de Venezuela que desista de su iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna para el país.
También piden la adopción de un calendario electoral, el cese de la violencia y el fin de detenciones arbitrarias, la liberación de las personas detenidas por razones políticas y la aceptación de asistencia humanitaria por parte del gobierno.
La propuesta presentada por Antigua y Barbuda sugiere, además, el establecimiento de un "Grupo de Contacto" para facilitar y mediar un nuevo proceso de diálogo y negociación entre las partes en Venezuela".
"El Grupo estaría conformado por personas aceptables para el gobierno y la Asamblea Nacional, y provenientes del Hemisferio y de otras regiones", se lee en la propuesta de Declaración.
Al menos una docena de países confirmaron la presencia de sus cancilleres en la reunión, incluyendo Argentina, Canadá, Colombia y México, cuyos gobiernos apoyaron la convocatoria de la reunión de consultas.
Este encuentro de cancilleres representa el punto más alto de los debates sobre la cuestión venezolana dentro de la OEA y también un fortalecimiento de la presión internacional para hallar una salida a la crisis en ese país.
Sin embargo, el tema aún parece lejos de representar un consenso dentro de la OEA, y ello fragiliza la posibilidad de que los cancilleres adopten decisiones efectivas más allá del ámbito declaratorio.
Las fisuras quedaron en evidencia a principios de abril, cuando el Consejo Permanente de la entidad adoptó una resolución denunciando la "grave" alteración institucional en Venezuela, en una sesión extraordinariamente confusa en que tres países no participaron, incluyendo el propio presidente del Consejo.
El 26 de abril, el mismo Consejo Permanente aprobó la convocatoria de los cancilleres, una decisión que fue adoptada por 19 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones, un resultado que dejó a las claras la profunda división en el organismo.
El embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders (un expresidente del Consejo Permanente), llegó a reclamar en esa sesión que "seguimos sin conocer cuales son los resultados que se pretenden de la reunión de cancilleres".
La convocatoria de la reunión de cancilleres fue el gesto que llevó al gobierno de Caracas a iniciar formalmente su salida de la OEA, un proceso que tomará dos años en completarse.
En tanto, en Venezuela, las tensiones no ceden. El lunes miles de opositores volvieron a marchar en Caracas, en lo que definieron como el inicio de una etapa de mayor presión contra el presidente Nicolás Maduro.
Los manifestantes intentaron avanzar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital, pero fueron bloqueados por militares con bombas de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y perdigones de goma.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó el domingo a "escalar" las protestas para impedir la asamblea constituyente.
El gobierno y la oposición se culpan mutuamente de la violencia desencadenada en casi dos meses de manifestaciones en todo el país.
Maduro acusa a sus adversarios de "actos de terrorismo" para dar un golpe de Estado, mientras que éstos le responsabilizan por una "brutal represión".
(AFP)