Un tribunal laboral brasileño halló culpable al Grupo Odebrecht, la mayor constructora del país, de reducir a trabajadores nacionales "a condiciones de trabajo análogas a la de esclavo", así como de tráfico de personas, durante la construcción de un ingenio azucarero y refinería de etanol en Angola, dijeron este martes fiscales laborales en un comunicado.
El juez Carlos Alberto Frigieri de la Corte Laboral de Araraquara, Brasil, ordenó a Odebrecht pagar 50 millones de reales (13 millones de dólares) en compensación a unos 500 trabajadores por los perjjuicios ocasionados en la construcción de la empresa Biocom, situada en la provincia angolana de Malange, a 450 kilómetros de Luanda, la capital.
El fallo se conoce en momentos en que el presidente ejecutivo del grupo, Marcelo Odebrecht, está en prisión en medio de una exhaustiva investigación sobre corrupción en Brasil.
Según cortes y fiscales brasileños, Odebrecht ayudó a crear parte de un cartel de compañías de construcción e ingeniería que defraudaron a la estatal Petrobras por miles de millones de dólares a través de una trama de arreglo de contratos, sobornos y otros.
Odebrecht dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las obras que involucran el proyecto en Angola fueron ejecutadas por una compañía en la que la firma tiene una participación minoritaria indirecta, y que Odebrecht no construyó el complejo, por lo que apelará la decisión.
La empresa Biocom es un proyecto conjunto entre Odebrecht, Angola Damer, que también tiene una participación del 40%, y la compañía petrolera estatal angolana Sonangol, con un 20%.
La unidad, que recibió una inversión de US $ 540 millones, tiene capacidad potencial para producir 256.000 toneladas de azúcar y 23 millones de litros de etanol, además de generar electricidad.
Condiciones degradantes
Trabajadores de la obra denunciaron en 2013 a BBC Brasil las condiciones "degradantes" en el proyecto de Odebrecht en Angola, que subcontrató para las obras de ejecución a las compañías brasileñas W Lider y Pirámide.
Entre otras quejas denunciaron que trabajaban los siete días de la semana sin poder abandonar el puesto de trabajo; la retención de sus pasaportes; falta de higiene (el agua no era potable, con los baños clausurados se veían obligados a "defecar en los matorrales"; otros contrajeron malaria y tifus); y baja calidad de los alimentos, que les obligaba a comprar a altos precios, para sobrevivir, galletas y conservas a un capataz.
Las quejas sobre las condiciones de la planta y el incumplimiento de los acuerdos laborales motivaron decenas de demandas en contra de Odebrecht y sus subcontratistas en la planta Biocom. Estos negaron que existieran malas condiciones de trabajo en el proyecto, alegando que cumplían con las determinaciones de la ley brasileña y angolana.
Tráfico de personas
Según hizo constar en su denuncia el Ministerio Püblico del Trabajo de Brasil (MPT) Odebrecht habría cometido asimismo una serie de ilegalidades concurrentes con la trata de personas en el envío de trabajadores a Angola. Según ese organismo, las empresas subordinadas encomendaron a agentes ilegales reclutar a trabajadores en diferentes regiones, especialmente en el más humilde nordeste del país y en zonas del interior de Sao Paulo.
Después de la contratación, en lugar de solicitar a la embajada de Angola visas de trabajo, la empresa pedía para los trabajadores visas ordinarias, que no dan derecho a trabajar, asegurando a los diplomáticos que las personas viajaban al país africano para "hacer negocios" y que permanecerían menos de 30 días (límite de tiempo de la visa ordinaria). Sin embargo, los billetes de avión adquiridos por Odebrecht preveían fechas de retorno mucho más allá de 30 días.
Según el MPT, la compañía buscó sistemáticamente "depender de trabajadores pobres y enteramente sometidos a su yugo, incapacitados para reaccionar o quejarse de las condiciones que soportaban, encontrar otro trabajo, o incluso abandonar sus puestos en la obra".