La organización Artículo 19, que resguarda y promueve alrededor del mundo el derecho a la libertad de expresión, llamó al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel a cesar la ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los que cubrieron los acontecimientos.
“Es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas en el cumplimiento de su labor”, dijo a Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Your browser doesn’t support HTML5
La denuncia de Artículo 19
La entidad, con una de sus sedes en México, documentó y denunció las agresiones sufridas por 15 comunicadores cubanos a raíz de las protestas del 11 de julio: 8 hombres y 7 mujeres.
“De estos 15 periodistas, seis hombres y tres mujeres fueron detenidos y después liberados, pero les siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas”, destacó la defensora de los derechos humanos.
“Este es el caso, por ejemplo, de Camila Acosta Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera y Neife Rigau. Todos se encuentran sujetos a proceso investigativo acusados de ‘desorden público’ y en el caso de Camila Acosta, también está acusada por ‘instigación a delinquir’. Todos, ellos y ellas, se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de CUBANET, quien se encuentra aún detenido”, puntualizó Ordóñez.
Lee también Amnistía Internacional: régimen de Cuba reprime todas las formas de disidenciaLa organización apunta que el año 2021 ha sido complejo para Cuba y su ciudadanía debido a la pandemia y su impacto en el turismo hacia la Isla, la escasez de alimentos y el previo endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Asimismo, resalta que la respuesta de las autoridades a los reclamos de la población “constituye una clara violación a la libertad de expresión y a la libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente”.
En ese sentido señala que el llamado del gobernante Díaz-Canel el mismo 11 de julio “para que sus partidarios ocuparan las calles” y confrontaran a los manifestantes indujo “escenarios peligrosos de violencia que en nada aportaron a dar una solución pacífica al descontento” popular.
“La opacidad y discrecionalidad con que las autoridades han manejado la información de las personas detenidas contraviene los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aseguró Artículo 19.