Amnistía Internacional en una carta abierta firmada por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de esta organización, expresó su preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, en el marco de su visita al país.
A continuación el texto completo:
Estimado Sr Volker Türk,
En los últimos años, Amnistía Internacional ha formado parte del esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales que buscan asegurar la vigencia y continuidad de mecanismos de escrutinio y justicia internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población venezolana. Algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo han determinado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) y nuestra propia investigación.
Si bien desde el año 2019 su Oficina ha contado con presencia en el terreno, con un doble mandato de informar sobre la situación de derechos humanos en el país y otro de cooperación técnica, en Amnistía Internacional mantenemos una seria preocupación por la forma en que las autoridades venezolanas mantienen vigente una política de represión contra toda forma de disidencia o critica al gobierno y de impunidad rampante alrededor de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Adicionalmente, continúa deteriorándose el acceso de la población a los derechos económicos y sociales. Por ello, nos permitimos sugerirle tenga a bien prestar especial atención a los siguientes aspectos en su visita al país:
- Cierre del espacio cívico y estigmatización de la defensa de derechos humanos
La sociedad civil venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y activistas, el personal de ayuda humanitaria y, en general, todas las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Venezuela realizan sus labores bajo constantes amenazas, intimidaciones y ataques que buscan silenciarles y neutralizar sus denuncias. Desde hace años, las autoridades venezolanas han utilizado distintos mecanismos administrativos, judiciales y de propaganda para frenar la labor de estas personas, erosionando el espacio cívico, el acceso a la justicia y la independencia de los poderes públicos.
Recientemente, ha resurgido la posibilidad de que se apruebe una ley de fiscalización y regulación de la cooperación hacia organizaciones no gubernamentales. Dicha iniciativa, que durante años ha servido de amenaza en contra de personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, tiene como finalidad controlar, supervisar arbitrariamente, amedrentar e impedir la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país. Consideramos de máxima prioridad que su Oficina interceda para ponerle freno a esta iniciativa en virtud del grave riesgo que conllevaría para organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo humanitario, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, cuyas labores son esenciales para la defensa y protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Referencia: AMR 53/6371/2023 Volker Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas 26 de enero del 2023 www.amnesty.org
- Liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos
Las organizaciones de derechos humanos y su propia Oficina han documentado el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con las distintas organizaciones en el país que se dedican a la defensa legal de estas personas, en la actualidad alrededor de 300 personas se encuentran aún detenidas arbitrariamente por estos motivos, y cientos de personas que han sido objeto de detenciones en el pasado, aún cuentan con fuertes restricciones a la libertad. Ello, al estar sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías judiciales. Las autoridades venezolanas deben poner fin a la política de represión y de detenciones arbitrarias sistemáticas.
Resulta de particular preocupación las detenciones del periodista Roland Carreño o de personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental FUNDAREDES, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021, como retaliación de su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional reitera el llamado a que se ponga fin de inmediato e incondicionalmente a tales detenciones, y que se proteja su salud e integridad durante el tiempo que estén privados de la libertad.
Es de señalar que estas detenciones constituyen una violación grave de los derechos humanos, pero también envía un mensaje desalentador y atemorizante al resto de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier intento de avanzar hacia una mejora de la situación en Venezuela debe tomar en cuenta la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y en especial de las personas defensoras de derechos humanos.
- Fortalecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos de escrutinio internacional
Amnistía Internacional ha acompañado al movimiento de derechos humanos de Venezuela en la búsqueda de mecanismos para el escrutinio internacional sobre la grave situación de derechos humanos en este país. Por ello, la organización ha acompañado los llamados de establecimiento de mandatos específicos para su Oficina y también del establecimiento de la Misión, con miras a que ambas instancias puedan de manera complementaria incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos y aumentar las probabilidades de procesos de rendición de cuentas.
Amnistía Internacional considera indispensable fortalecer la presencia de su Oficina en el terreno, no sólo con capacidades financieras y recursos humanos, sino con el respaldo institucional para que su labor de denuncia en el país tenga un real efecto disuasorio de prevención de violaciones graves de derechos humanos y sirva de protección para las personas que defienden derechos humanos en el país.
Asimismo, es fundamental que la valiosa labor de asistencia técnica, monitoreo y denuncia que ha llevado a cabo por años su Oficina, también sostenga una observación rigurosa y pública sobre cómo las autoridades avanzan o retroceden respecto de las recomendaciones hechas en años anteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que la falta de seguimiento a su implementación erosione la importancia y credibilidad de su mandato.
Para aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela, también resulta de suma importancia que se realicen gestiones pertinentes para que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas visiten el país. Tal como fue acordado con su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, Venezuela había asumido un compromiso de diez visitas para los próximos años. Al respecto, es de señalar que no solo se han concretado apenas tres visitas, sino que además ninguno de los mecanismos que han obtenido invitación oficial por parte de Venezuela corresponden a mandatos de monitoreo de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, consideramos una prioridad que su Oficina insista con las autoridades para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial contra la Tortura y la Relatoría Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como otros mandatos relacionados con derechos civiles y políticos puedan visitar el país en un futuro cercano. Por otra parte, Amnistía Internacional valora como un hito el trabajo realizado por la Misión instalada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado hasta 2024. La organización hace un llamado a que los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos de su Oficina funcionen de manera complementaria y coordinada con la Misión. Esta Misión tiene como mandato la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y ha establecido que hay elementos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que los esfuerzos de su Oficina de documentar y brindar cooperación técnica al gobierno venezolano, deben –al menos- y en función www.amnesty.org de mantener coherencia entre ambos mandatos, considerar la naturaleza sistemática y generalizada de las violaciones de derechos humanos y su correspondencia con una política que se deriva del más alto nivel gubernamental.
En conclusión, las autoridades venezolanas continúan con la férrea política de represión de la disidencia que amenaza con silenciar a aquellas personas que son consideradas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la situación de acceso a los derechos económicos y sociales se precariza aún más día a día, obligando a la población a reclamar sus derechos, por lo que la coexistencia de estas realidades pone en riesgo y vulnerabilidad a las personas que están a merced de la arbitrariedad de las autoridades.
Como consecuencia a la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, para finales del 2022, la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimaba que 7.13 millones de personas venezolanas han abandonado el país, el 84% buscando protección en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de estas personas han enfrentado diversos obstáculos en el acceso a su derecho a solicitar asilo o recibir protección internacional, en muchas ocasiones experimentan violaciones a los derechos humanos, que van desde la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, hasta la muerte y desaparición forzada.
La Oficina que Usted dirige tiene un rol privilegiado de acceso frente a otras instancias internacionales, y esto, a nuestro entender, debe ponerse al servicio de la protección de las víctimas y sobrevivientes que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, dentro y fuera del país, así como de las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela.
Finalmente, Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que Usted y su Oficina intercedan por el mantenimiento del espacio cívico; la protección de personas defensoras de derechos humanos; la liberación de personas detenidas por motivos políticos y personas defensoras de derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona; la protección de activistas sindicales y trabajadores, así como otros activistas sociales, que fuertemente reivindican su derecho a un salario y condiciones de vida dignas. Asimismo, que aboguen por el fortalecimiento y apertura del escrutinio internacional a través de la presencia de su Oficina en el país; también por la invitación efectiva de procedimientos especiales y órganos de tratado relevantes para las denuncias de la sociedad civil; y que se establezca un diálogo y retroalimentación con el mandato de la Misión internacional e independiente de determinación de los hechos.