CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA - El gobierno del presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado respecto a las versiones que han circulado en torno a la supuesta muerte en territorio venezolano de uno de los líderes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jesús Santrich.
Durante la tarde del martes, Maduro participó en una actividad pública transmitida a través del canal del Estado, sin embargo, no aludió al tema que abordó el mismo día el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano Aponte, en su cuenta de Twitter.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial, pero durante los últimos días ha insistido en condenar la presencia en territorio venezolano de grupos irregulares colombianos con la anuencia del gobierno de Maduro.
Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, escribió en su cuenta en Twitter que ante el comunicado emitido por las FARC, donde certifican la muerte de Santrich, consideró “prudente y responsable la confirmación por parte del gobierno colombiano y fijar posición taxativa”.
“Lo que, si no deja lugar a dudas estos acontecimientos, es lo que hemos denunciado de manera sistemática: que el usurpador Nicolás Maduro protege y alberga a terroristas en Venezuela, entregando nuestra soberanía y poniendo a las FANB a sus servicios y violando DDHH”, agregó.
"Atacada" la camioneta donde viajaba Santrich
En tanto, a través de un comunicado, la Segunda Marquetalia, como se conoce a la disidencia de las FARC, aseguró que Santrich fue abatido en suelo venezolano, en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia.
“Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas”, puntualiza el texto.
Javier Tarazona, director de FundaREDES, una organización que ha documentado el conflicto armado en Apure y denunciado la presencia de grupos irregulares colombianos en 21 estados del país, dijo haber confirmado, con “varias fuentes confiables”, la muerte de Santrich.
“Esta muerte sería en el estado Zulia, específicamente en el Rosario de Perijá, donde ciertamente durante los últimos, por lo menos dos años había un acuerdo de no agresión por parte de las FARC y el ELN, específicamente en las operaciones que venían desarrollando en esta zona limítrofe”, expuso.
De acuerdo a Tarazona, “los únicos que sabían exactamente el lugar seguro de la presencia de los cabecillas tanto de las FARC como del ELN en Venezuela son quienes hoy ostentan el poder. Son 10 millones de dólares que estaba ofreciendo el gobierno de EE.UU., así como 3.000 millones de pesos que estaba ofreciendo por este terrorista el gobierno colombiano”, puntualizó.
El defensor de derechos humanos manifestó preocupación debido a que, según dijo, el conflicto en Apure se ha estado desplazando a otros estados del país como Zulia y Amazonas. En ese sentido, hizo un llamado a instancias internacionales.
“Queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja que haya presencia en estos estados fronterizos donde lamentablemente el orden lo llevan adelante grupos irregulares ELN y FARC”, dijo a través de sus redes sociales.
La zona
Rosario de Perijá está ubicado a unos 60 kilómetros de Machiques, uno de los 21 municipios del estado occidental de Zulia, la región más poblada de Venezuela, con cerca de tres millones de habitantes. Es una tierra de 10.000 kilómetros cuadrados ubicada a orillas del Lago de Maracaibo, el más grande de Suramérica, y comparte frontera con Colombia.
De aproximadamente 120.000 residentes, Machiques es una zona históricamente vinculada a la ganadería y la agricultura. Productores y políticos de oposición denunciaron frecuentemente la presencia de diferentes frentes de la guerrilla colombiana en esas áreas desde la Presidencia de Hugo Chávez.
Según estas advertencias, reflejadas por años en la prensa venezolana y colombiana, integrantes del ELN, las FARC y sus disidencias suelen reunirse con funcionarios públicos, ganaderos, políticos en municipios fronterizos, como Machiques, para exigir “colaboraciones” de comida, dinero y combustible.
Delegados de gremios ganaderos, religiosos y pobladores dan cuenta de esa presencia irregular desde al menos 1999, cuando Chávez ascendió al poder ejecutivo nacional. No andan encubiertos. Es común ver a guerrilleros transitando, armados, por zonas boscosas e incluso pobladas del municipio.
Legisladores y diputados zulianos denunciaron en 2011 que el gobierno de Chávez facilitó una especie de corredor para la guerrilla colombiana en la frontera, con particular acento en la Sierra de Perijá, en Machiques.