La comitiva cubana que asiste este martes a la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior Londres por el impago de una deuda de 72 millones de euros a un grupo inversor de Islas Caimán, arribó al lugar en medio de los gritos indignados de decenas de activistas allí congregados.
La protesta, en la que participan integrantes de diferentes organizaciones opositoras radicadas en varios países europeos, enarbola el lema “Nunca más. Juicio a la dictadura castrista”.
Videos compartidos por los manifestantes en redes sociales dan cuenta de la entrada a la corte inglesa del abogado Humberto López, vocero del régimen cubano, así como de Rodolfo Dávalos Fernández, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil y de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, acompañado de su hija, Lourdes Dávalos, una abogada radicada en España.
También asiste al juicio, en calidad de testigo experto de la defensa, Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, que pertenece a la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Los activistas, alzando carteles y banderas cubanas, gritaban consignas como “¡Abajo la dictadura!, ¡Libertad para los presos políticos! y ¡Háganlos pagar!”, entre otras.
Mientras, activistas cubanos en varias ciudades del mundo se han sumado a la protesta en Londres.
En la ciudad de Buenos Aires, donde tiene lugar la Séptima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los manifestantes se reunieron en la Torre Monumental, frente al hotel Sheraton, sede del evento regional.
También protestaron los exiliados cubanos en Montevideo, convocados por la Asociación Cubanos Libres en Uruguay. Desde allí, Luis Estrada, presidente del grupo opositor, dijo a Radio Martí que se manifestaron de manera pacífica frente a la embajada cubana en la capital uruguaya.
Protesta frente al consulado cubano en Montevideo.
Entre las exigencias de los manifestantes estuvo que "la dictadura pague la deuda que ella misma adquirió", no el pueblo cubano, y "libertad para los presos políticos", detalló Estrada.
Protesta frente al consulado cubano en Montevideo.
Segundo día del juicio en Londres
En la sesión de este martes, el grupo inversor CRF I, constituido en 2009 en las islas Caimán, acusó a las autoridades cubanas de "fabricar pretextos" para no reconocerlo como acreedor y cumplir sus obligaciones de deuda, según un reporte de la agencia de noticias EFE, que da cobertura al juicio.
La jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres, deberá decidir si CRF I es el tenedor legal de los títulos valorados en 72 millones de euros, que adquirió a la filial británica del banco chino ICBC, o si no fue válido el traspaso entre estas dos entidades, autorizado en 2019 por el funcionario cubano del Banco Nacional de Cuba (BNC), Raúl Olivera Lozano.
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Cubanos se manifiestan en varias ciudades del mundo: piden que el r[egimen sea condenado en Londres
Precisamente, Olivera, condenado a 13 años de cárcel en 2021 junto a otros funcionarios del BNC por presuntamente haber recibido un soborno de agentes del fondo caimanés, es uno de los testigos que este martes declaró por videoconferencia desde la Habana, detalla EFE.
El abogado de CRF I, Jawdat Khurshid, interrogó a Olivera Lozano sobre sus funciones como director de operaciones en el BNC, donde el cubano trabajó durante más de 40 años, y pidió a la jueza Cockerill tomar con "cautela y escepticismo" los argumentos de los demandados, el BNC y la República de Cuba, que afirman que Olivera Lozano actuó ilegalmente al consentir la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF I.
Lee también Inicia batalla judicial en Londres entre Cuba y CRF I por deuda de la era de Fidel CastroLa parte cubana, que argumentó antes del juicio que la cuestión del soborno invalidaba la cesión, decidió abandonar esa estrategia, en la que involucraba al empleado del fondo inversionista de Islas Caimán, Jeetkumar Gordhandas, y de la filial británica de ICBC, Don Stevenson. Ambos negaron los hechos.
Las autoridades cubanas dijeron que, en octubre de 2019, Gordhandas se reunió con Olivera Lozano y le entregó una suma en efectivo de 200 CUC, lo que equivalía a unos 5.000 pesos cubanos, con promesas de otorgarle una suma adicional de 25.000 libras esterlinas (30.700 dólares) por su ayuda para obtener o acelerar la asignación de la deuda. Todo se habría realizado, según los demandados, con el conocimiento de Stevenson.
El abogado de CRF I señaló que "el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento". Añadió que esta estrategia, junto con el encarcelamiento de la directiva del BNC involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades cubanas "han estado dispuestas a fabricar pretextos (independientemente de las consecuencias) para tratar de evitar sus obligaciones con CRF".
El gobierno ha rechazado reconocer a CRF I como acreedor legítimo de la deuda, y lo ha calificado de "fondo buitre" dispuesto a lucrar a expensas de un país en dificultades económicas.
El juicio contra el BNC y la República de Cuba deberá extenderse hasta el lunes próximo, cuando se espera una conclusión por parte del tribunal.
(Incluye reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí e información de EFE)