El preso político Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está en huelga de hambre, de acuerdo a la denuncia de su tía, Marta Hechavarría Castellanos, quien lo atiende en la prisión.
“Está plantado en huelga de hambre en la prisión de Baraguá, del municipio santiaguero de Mella, desde el día 21, en reclamo por atención médica”, afirmó Hechavarría Castellanos a Martí Noticias.
“Tiene problemas estomacales, tiene sangrado en las heces y el médico no ha querido atenderlo, no ha querido llevarlo a hacer un ultrasonido. Él me llamó y me dijo que a partir de ese día iba a hacer huelga de hambre y entonces él dejó mi [número de] teléfono a un compañero para cualquier cosa me avisara. Me llamó y me dijo que lo había sacado el jefe para hablar con él, pero que sigue en su huelga”, dijo la mujer.
“Plantea también que el agua es muy escasa, que a veces no tienen ni para tomar o para lavar la ropa. A veces pasan días sin poder lavar la ropa. Los reclusos confinados en el destacamento 610 están llenos de sarna”, relató Hechavarría, citando a su sobrino.
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Más adelante fue puesto en libertad limitada hasta que, en noviembre de 2021, un juez de ejecución del tribunal municipal de Santiago de Cuba revocó la medida cautelar que tenía impuesta por poner carteles antigubernamentales en su vivienda y exigir “libertad” en la calle. Fue internado en la prisión Aguadores.
A principios de 2021, las autoridades lo pasaron a un régimen de menor severidad y lo ubicaron en un centro correccional con internamiento. Esa medida también se le invalidó, cuando llegó tarde al establecimiento penitenciario, luego de un pase a su casa por varios días. Fue recluido en el penal Mar Verde y varios meses después, el 16 de septiembre de 2023 a la cárcel Baraguá.
Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando Vaillant fueron los tres activistas que junto al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, fueron sancionados en febrero de 2020 por los cargos de “lesiones y privación de libertad”, debido a la acusación de otro opositor.
Amnistía Internacional,Naciones Unidas, Freedom House y otras entidades y gobiernos, se han pronunciado a favor de la restauración de sus derechos.