La académica matancera Alina Bárbara López Hernández será juzgada en un juicio sumario, que se usa, según la Ley de Procedimiento Penal cubana, para delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de trescientas cuotas.
En declaraciones a Martí Noticias, López Hernández precisó que la vista oral será el 16 de noviembre a las 9 y 30 de la mañana, en el Tribunal Municipal de Matanzas.
“Será un juicio que se conoce como ‘atestado’. Es un tipo de juicio en el cual se juzgan delitos de menor gravedad, aun cuando el auto de fecha de juicio dice que ‘por la gravedad de los hechos’, o de las cosas que se narran, en fin, pero son de delitos de menor gravedad”, relató.
“Es un tipo de juicio más bien sumario sin grandes garantías, o sea, solo puedes apelar a la segunda instancia, instancia provincial, pero ya no puedes seguir apelando, por ejemplo, al Tribunal Supremo, ni mucho menos. Se termina ahí y el tribunal da su veredicto ahí mismo, o sea, la sentencia la van a dictar en el momento. No es como otros casos que hay que hacer análisis más largos y demás”, dijo la doctora en Ciencias Filosóficas, quien el día 18 de cada mes se manifiesta, en solitario, en uno de los parques de la ciudad de Matanzas, portando un cartel.
Sus demandas son “una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución aplicable en todas sus partes", "que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema", "libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio" y "cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión".
Por ello, y por defender su derecho, y el de sus compañeros y amigos, a manifestarse, ha sido arrestada varias veces, limitada en su libertad de movimiento y amenazada por la policía política.
El enjuiciamiento a la reconocida profesora, historiadora y ensayista cubana ha sido condenado por numerosas personalidades e instituciones como el politólogo Armando Chaguaceda y el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima.
Mientras escribo (y usted lee) estas líneas, dos intelectuales, dos amigos, son perseguidos por los respectivos gobiernos de sus países. Alina Barbara López Hernández en Cuba, y Boris Kagarlitsky en Rusia.https://t.co/7auEFwFMUg
— Cuba x Cuba (@cubaxcubaorg) October 13, 2023
“La acusación que yo tengo es por ‘desobediencia’, porque yo no acudí a una citación que se me hizo el día 13 de junio para ir a ser entrevistada por agentes de Seguridad del Estado. Yo decidí eso porque la cédula de citación no tenía los requerimientos formales y porque, además, no había motivo legal para que yo tuviera que asistir a una cita donde iba a ser, evidentemente, amenazada, presionada, chantajeada con muchas cosas, como ocurre habitualmente en esas citas. Por lo general, las personas son amenazadas con perder su trabajo, con afectar a su familia”, indicó la integrante de la Junta Directiva de CubaXCuba, un laboratorio de pensamiento cívico que busca el mejoramiento de la nación cubana.
“Yo sencillamente decidí no ir porque no había un proceso penal abierto en mi contra por el cual yo estuviera obligada a asistir, no había una investigación en curso, por lo tanto, yo por mi voluntad no iba a ir a ese lugar”, recalcó.
En ese sentido, la plataforma multimedia elTOQUE, en su sección elTOQUE Jurídico, escribió recientemente: “la Fiscalía cubana asegura que un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan ‘delitos’”.
Más adelante, el medio independiente valora que tal Acuerdo demuestra “la inexistencia de un Estado de derecho en Cuba y la ausencia de instituciones independientes que puedan frenar los abusos del Estado, en especial cuando se trata de reprimir a quienes disienten de las políticas oficiales y se atreven a expresarlo públicamente”.
Además, “los argumentos de la Fiscalía revelan que, a pesar de su esencia violenta y de la falta de escrúpulos, el régimen mantiene la necesidad de ofrecer una apariencia de legalidad a decisiones que contradicen sus regulaciones y que pueden representar un costo político (por sus protagonistas o por la atención que ocupe en la sociedad civil, la prensa independiente o para actores internacionales).
“Eso fue lo que decidí, y eso es lo que ha traído todas estas represalias, y hemos llegado a fase de juicio", concluyó la académica.
Añadió que, semanas atrás, las autoridades quisieron hacer un trato con ella.
"...Que yo pagara una multa, que ellos me iban a quitar la regulación, me iban a quitar todo, pero que ya no siguiéramos”, contó la intelectual.
A principios de junio, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos a un evento de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, al solicitar un nuevo pasaporte, López Hernández supo que tenía una prohibición de salida del país “por razones de interés público".
“Yo le dije que no, que yo no había violado ninguna ley que, por tanto, yo no iba a pagar ninguna multa, ni iba a entrar en algún tipo de arreglo, que yo simplemente iba a seguir el camino de la ley y ese es el camino que hemos seguido. Termina ahora el 16”, concluyó la académica.