El abogado de la organización de asesoría jurídica Cubalex, Julio Ferrer, presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana este 5 de septiembre.
Cubalex informa en un comunicado de prensa que la demanda está orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional “José Martí”.
A Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde 2019 sin que conste en un documento legal su regulación o motivos de esta.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de Inmigración del citado aeropuerto le notificó que no podía salir del país. Este funcionario requirió posteriormente la presencia del Mayor Ihosvany Fuentes Coll, quien reiteró verbalmente que el abogado estaba “regulado”, sin explicarle por qué.
Estar "regulado" significa que uno no puede salir del país.
El gobierno cubano utiliza la prohibición de salida o entrada al país de modo arbitrario para castigar a periodistas, activistas, opositores y defensores de Derechos Humanos. En 2020 el Instituto Patmos llegó a contabilizar más de 200 personas reguladas, informa Cubalex.
Media hora después las autoridades del aeropuerto le devolvieron su maleta, que ya se encontraba embarcada en el avión con destino a Colombia. En ese momento Ferrer denunció que se encontraba en mal estado, lo que sustentó con imágenes tomadas.
En los días siguientes, Ferrer agotó todos los procedimientos legales a seguir, antes de presentar una demanda el 14 de enero de 2020 contra el Ministro del Interior, vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo y el teniente coronel Roylan Hernández Concepción, jefe Jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio Interior. Además denunció al mayor Ihosvany Fuentes Coll, oficial de Identificación, Inmigración y Extranjería de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí y al primer teniente Yuriesna Ibañez, primer oficial de la Oficina de Trámites de Identificación, Inmigración y Extranjería del municipio Cerro.
Aquella demanda inicial solicitaba que fuera revocada la decisión tomada por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior sobre la prohibición de salida de Ferrer Tamayo y que el Estado abonara la suma de $165.00 CUC como reparación del daño material causado.
Añade el comunicado que en ese momento fue declarada inadmisible y el tribunal dio como respuesta que: “los derechos que poseen amparo constitucional como de los procedimientos legales, situación jurídica que hasta la fecha no posee regulación legal expresa”. Es decir, aún no entraba en vigor la Ley de Amparo en 2020 y por tanto la demanda no fue aceptada.
Hoy, ya con la normativa vigente, Julio Ferrer presenta esta nueva demanda donde exige:
- La revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra
- Una retractación pública por parte de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior
- Que la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional “José Martí” abone una suma $3.960 CUP como reparación del daño material causado.
Aún siendo un recurso disponible de la jurisdicción interna, a Cubalex le preocupa "la falta de interés del Tribunal Supremo Popular (TSP) y por ende, del Estado, en crear todos los mecanismos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos humanos fundamentales".
Esta desprotección también se evidencia en que el Estado no ha destinado los recursos materiales imprescindibles para la creación de una Sala de Amparo a los Derechos Constitucionales en los tribunales del país. Por tanto, es un proceso incompleto, porque se puede utilizar supletoriamente el Código de procesos, pero no como fuente directa ya que se trata de la constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado, precisó Cubalex.
Cubalex recomienda recurrir al proceso de amparo ante el Tribunal Supremo Popular como parte del agotamiento de los recursos internos, en estos casos, en busca de protección jurisdiccional frente a la violación de derechos constitucionales por parte de los órganos del Estado. El agotamiento de los recursos internos es necesario para presentar los casos a nivel internacional, añadió la organización.