El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de la organización de defensa legal Inteligencia Ciudadana, solicitó al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas una respuesta sobre los 50 casos presentados ante ese organismo internacional, la mayoría de participantes en las protestas populares del 11 de julio en Cuba.
“Varias denuncias han sido enviadas hace más de 200 días hacia el GTDA-OACDH sin recibirse comunicación en virtud del procedimiento, en cuestión”, explicó Fernández Palacios en una misiva enviada a la agencia de la ONU.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias tiene como objetivo investigar asuntos de privación de libertad impuesta arbitrariamente, o que sean incompatibles con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales.
Lee también Informe sobre Cuba del Comité Contra la Tortura de las Naciones UnidasEl abogado tampoco ha recibido constancia documental sobre si el al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha pasado las denuncias al Gobierno de Cuba.
Los casos fueron argumentados mediante informes enviados por correo electrónico al organismo y en ellos se detalla que han tenido lugar arrestos violentos y engañosos perpetrados por las autoridades cubanas y las Brigadas de Respuesta Rápida, en algunos de los cuales las fuerzas del régimen infligieron heridas a los arrestados.
“Sin perder de vista”, asegura la comunicación del letrado, “los abusos, físicos y sicológicos durante la Fase Preparatoria del Juicio Oral, sometiéndose a las personas detenidas a trato degradante, coacción, amenaza y a largos períodos de incomunicación con sus familiares”.
Lee también Cuba aprueba nuevo Código penal; activistas advierten que traerá más "injusticia" y "represión"Inteligencia Ciudadana reportó, además, contagios, infecciones, deterioro de la salud, huelgas de hambre e intentos de suicidio “como reflejo de las violaciones sistemáticas del Gobierno de Cuba a varias de las ‘Reglas Nelson Mandela’ de la ONU.
Asimismo, la carta fue enviada al Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, a la jefa de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, y a la representante en Cuba para el sistema de Naciones Unidas.