El abogado independiente cubano Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país, a la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular.
“El 19 de diciembre interpuse una nueva demanda, esta vez ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular, dado que los jueces de la instancia provincial han quebrantado, en mi opinión, con total mala fe para conmigo, las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre de 2022”, dijo el jurista a Radio Televisión Martí.
Ferrer Tamayo había presentado el 5 de septiembre su reclamo ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de la Habana, solicitándole una resolución sobre su derecho a la libre circulación, restringido por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), entidad a la que además pide una retractación pública.
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La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022 que rechazó el derecho del Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
El tribunal oficiante se integró por cuatro de los cinco jueces que exige la Ley cubana.
“Tales jueces de la Sala Provincial me colocaron, con toda conciencia de lo que hacen, en un total estado de indefensión, al obstruirme toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial, como lo prevé la Ley de los Tribunales de Justicia en el artículo 13.1 inciso C que me proporcione una tutela judicial efectiva, protegiendo mis derechos e intereses legítimos mediante el aseguramiento para conmigo, del respeto a las garantías, del acceso a la justicia y el debido proceso, y a disponer las medidas que sean necesarias para restablecer conmigo la legalidad”, señaló el letrado.
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Reportaje de Yolanda Huerga
El 23 de octubre de 2019, un oficial de Inmigración del Aeropuerto Internacional “José Martí” le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada, verbalmente, por un oficial del MININT que le informó que está regulado sin detallar los motivos.
Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta, apegada a la ley, a esta prohibición de salida.
La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, aprobada en mayo pasado, se usa para obtener la restitución de derechos reconocidos en la Carta Magna que han sido vulnerados.
De acuerdo a Ferrer Tamayo, los jueces actuantes deben ser objeto de correcciones disciplinarias por incumplir de forma “injustificada y reiteradamente las disposiciones normativas en la tramitación y solución de los asuntos a su cargo”, según dispone la Ley de los Tribunales de Justicia adoptada en 2022.