A Yurien Rogelio Méndez Herrera lo apresaron cuatro meses después de las protestas del 12 de julio en La Güinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad.
“A mi hijo lo cogieron preso el 1 de noviembre de 2021. Lo arrestaron gente vestida de civil, sin identificarse; lo esposaron y se lo llevaron para la estación de El Capri. Yo fui y no me decían las razones de su detención. Sólo, a través de una amistad, me pude enterar que era por la manifestación de la Güinera. Alguien lo mencionó y ahí mismo lo agarraron. Yo sé hasta el nombre”, dijo este lunes a Radio Televisión Martí Norabel Herrera Cabrera, la madre del preso político que está en prisión provisional en el Combinado del Este.
De acuerdo al órgano acusador, los imputados salieron a la calle y "junto a otros ciudadanos que ya fueron juzgados y sancionados por Tribunal, transitaron por áreas de la localidad La Güinera”, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, y formaron “una turba, que replicara la convocatoria entre las personas que encontraban a su paso, a los que les solicitaron se sumaran a ellos “para aparentar que existía un estado de inconformidad generalizada que apoyara sus reclamos”.
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Reportaje de Yolanda Huerga
“La declaración que le tomaron a él no es la que está en la petición fiscal. Eso lo manipularon”, afirmó la madre.
“Mi hijo es inocente, no le habían podido hacer juicio porque no tenían pruebas contundentes, ni de peso, pero ya inventaron las pruebas: la declaración de un testigo”, apuntó.
Manifestación en Alemania a favor de los presos políticos cubanos
De Méndez Herrera, la Fiscalía asegura que “avanzó junto a la multitud de personas que arrojaban piedras contra los agentes de la autoridad y coreó las mismas consignas, frases y ofensas en contra del proceso revolucionario y sus principales dirigentes”.
Por ello, imputa a Méndez Herrera, de 28 años, con el delito de sedición.
Además de Méndez Herrera serán enjuiciados en la misma causa y con el mismo cargo: Yemny Yak Mena Nuviola, Luis Alberto López Marrero, Ihazmell Hernández Montoto, Yosandri Mulet Almarales, Alejandro Rodríguez Chávez, Agustín Jonathan Vargas Díaz y Aldo Delgado Romero. Todos con peticiones de sentencia de entre 7 y 15 años de privación de libertad.
En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años. La fecha del juicio continúa sin definirse.
Aunque organizaciones internacionales han criticado estos procesos judiciales, arguyendo penas elevadas, falta de garantías y fabricación de pruebas, el Tribunal Supremo cubano insiste en que se ha prestado atención al debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las demostraciones del 11 de julio.