A cinco meses de la detención de Sulmira Martínez, la incertidumbre sobre su caso continúa

La influencer cubana Sulmira Martínez Pérez, de 21 años de edad, cumplió este sábado cinco meses de privación de libertad por sus publicaciones en Facebook y todavía su familia espera por un documento oficial que esclarezca los delitos de los cuales se le acusa.

Norma Pérez, la madre de la joven, informó a Martí Noticias que el abogado que contrató para defender a su hija insiste en que él no tiene el auto de imposición de medida cautelar, que sería el documento donde constaría oficialmente la acusación que pesa contra su hija.

Martínez Pérez, también conocida en redes sociales como Salem, fue detenida en la tarde del 10 de enero, poco después de publicar por sus distintas cuentas de Facebook tres posts en los que exhortaba a los ciudadanos cubanos a protestar en espacios públicos contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación es pa’ la calle, no detrás de una pantalla”, decía uno de los posts. Otros animaron a replicar el estallido social del 11 de julio de 2021 y apelaron al tema musical Patria y Vida. “Se acabó, tú 59 yo doble dos, esto tiene que ser masivo, no podemos tirarnos ni 20 ni 30”, expresó entonces.

No había pasado una hora de esos mensajes cuando tres hombres aparecieron en su vivienda, en el poblado Las Guásimas del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, y le dijeron que debía acompañarlos. Desde entonces, Salem no ha vuelto a su casa.

Primero estuvo en Villa Marista, el principal centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Cuba, donde estuvo sometida constantemente a interrogatorios, y el 17 de marzo la trasladaron al centro penitenciario de mujeres El Guatao.

Norma Pérez precisó que todavía ella no sabe con seguridad si a su hija la acusan de propaganda contra el orden constitucional o instigación a delinquir, porque en Villa Marista le han mencionado ambos delitos, pero hasta ahora ella no dispone de ninguna documentación al respecto. Lo último que le dijo una oficial fue que la petición fiscal debería estar lista antes de que concluyera el año 2023.

El jurista cubano Frank Ajete, quien ejerció como juez y fiscal en La Habana entre 2014 y 2018, declaró a Radio Televisión Martí que el abogado de Sulmira Martínez debe tener en su poder el auto de imposición de medida cautelar y contar con acceso al expediente del caso.

Ajete también afirmó que en Cuba se abusa mucho de la medida de prisión preventiva. “Es absolutamente normal. No tiene nada que ver con temas políticos. Para ellos la prisión es la regla”, afirmó.

“Cuando yo entré a fiscalía, a mí me llamó mucho la atención que los órganos de instrucción impusieran tantas prisiones preventivas, incluso con muy pocas pruebas. Y cuando yo empecé a decir ‘no, esto no lleva prisión’, empezaron a sonar alarmas, porque nadie estaba acostumbrado a eso, ni la fiscalía estaba acostumbrada a negar al órgano de instrucción peticiones de prisión, ni el órgano de instrucción estaba acostumbrado a que le negaran prisiones preventivas”, contó Ajete.

El único documento del que Norma Pérez dispone es un acta de ocupación de unos equipos (tres celulares, una computadora, entre otros) que fueron confiscados varios días después de la detención de Sulmira. Esa incertidumbre y falta de información es, ahora mismo, uno de los principales motivos de preocupación de la familia, pues la diferencia entre ambos delitos es significativa.

De acuerdo el nuevo Código Penal (Ley 151), vigente desde diciembre de 2022, la “propaganda contra el orden constitucional” constituye un delito contra la seguridad interior del Estado para el cual se incluyen condenas que van desde los dos hasta los diez años de privación de libertad; mientras que por “instigación a delinquir” es posible enfrentar multas o entre seis meses y un año y medio de cárcel.

“Ella está más o menos. La tienen chapeando con las manos, desyerbando con las manos, y sin pagarle ni un medio. Tiene callos en las manos”, dijo Norma Pérez sobre la situación de su hija en la cárcel El Guatao.

Sulmira Martínez puede ver a su madre todos los viernes, que es el día de la visita, pero su madre no puede ir siempre. El transporte desde su casa hasta el centro penitenciario cuesta en total 10 mil pesos cubanos, incluyendo la espera del taxi en el sitio, y la familia de la joven presa política no puede permitirse un gasto de esa magnitud.

“Las condiciones de la comida son perras. Por eso me llamaron a mí también a la dirección en una visita, por denunciarlo en las redes, igual que lo de las chinches en los colchones, pero es la verdad. Yo no tengo miedo. Yo puedo hablar de mi hija lo que a mí me dé la gana. Además, a mi hija la sacaron por el noticiero, sin el consentimiento de nadie, y es mi hija”, sostuvo.