Luisa Ortega dijo al Consejo de Derechos Humanos que sólo hay detenidos por acciones violentas. Ministerio Público no investiga a ningún miembro de la Guardia Nacional.
Las cifras de detenidos en Venezuela superan los 1.600 y en muchos casos lo son sólo por estar en las cercanías de las manifestaciones o disturbios, pero la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que se esté criminalizando la protesta en el país, informa el diario El Universal.
Ortega dijo que las detenciones "no se han practicado sobre personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, sino sobre quienes se presume han tenido, algún grado de participación en acciones violentas, en actos vandálicos; y que han atentado contra la vida de otras personas”.
Argumentó asimismo que el grueso de los aprehendidos (1.347) "han recibido medidas cautelares de libertad".
El diario caraqueño comenta que la funcionaria obvió explicarle a los miembros del Consejo que este grupo está sometido a investigaciones que pueden terminar en su enjuiciamiento, y que entre las restricciones que les han impuesto está la de volver a participar en manifestaciones, algo que --dice-- no está previsto en la ley.
Ortega Díaz aseguró que su despacho ha velado por que todos los detenidos sean presentados ante los juzgados en los lapsos legales previstos, y que toda denuncia de abuso formulada ha sido tramitada por su despacho, lo cual explica las 44 investigaciones que conduce.
No obstante, de esa cifra solo hay 14 funcionarios en detención, de los cuales 13 son policías o agentes de los servicios de inteligencia, y el otro es un sargento del Ejército.
Un efectivo de la GNB le descargó en el rostro su escopeta de perdigones a la estudiante Geraldine Moreno Orozco, de 23 años, el 19 de febrero, mientras se encontraba en una protesta en Naguanagua, estado Carabobo. Moreno falleció el 22 de febrero.
José Alejandro Márquez, de 43 años, fue víctima de una golpiza por efectivos de la GNB en el barrrio La Candelaria de Caracas. A consecuencia de los golpes le fue decretada muerte cerebral el 23 de febrero.
Ortega dijo que las detenciones "no se han practicado sobre personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, sino sobre quienes se presume han tenido, algún grado de participación en acciones violentas, en actos vandálicos; y que han atentado contra la vida de otras personas”.
Argumentó asimismo que el grueso de los aprehendidos (1.347) "han recibido medidas cautelares de libertad".
El diario caraqueño comenta que la funcionaria obvió explicarle a los miembros del Consejo que este grupo está sometido a investigaciones que pueden terminar en su enjuiciamiento, y que entre las restricciones que les han impuesto está la de volver a participar en manifestaciones, algo que --dice-- no está previsto en la ley.
Ortega Díaz aseguró que su despacho ha velado por que todos los detenidos sean presentados ante los juzgados en los lapsos legales previstos, y que toda denuncia de abuso formulada ha sido tramitada por su despacho, lo cual explica las 44 investigaciones que conduce.
No obstante, de esa cifra solo hay 14 funcionarios en detención, de los cuales 13 son policías o agentes de los servicios de inteligencia, y el otro es un sargento del Ejército.
Geraldine Moreno, víctima de la represión en Venezuela
El Universal señala que en el último listado publicado por el Ministerio Público no figura ningún efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, pese a que algunos de sus agentes estarían involucrados en al menos dos muertesUn efectivo de la GNB le descargó en el rostro su escopeta de perdigones a la estudiante Geraldine Moreno Orozco, de 23 años, el 19 de febrero, mientras se encontraba en una protesta en Naguanagua, estado Carabobo. Moreno falleció el 22 de febrero.
José Alejandro Márquez, de 43 años, fue víctima de una golpiza por efectivos de la GNB en el barrrio La Candelaria de Caracas. A consecuencia de los golpes le fue decretada muerte cerebral el 23 de febrero.