“Con estas medidas lo que se quiere es controlar más a los campesinos y que sólo puedan disponer de aquella producción que no tengan que vender al Estado", afirmó a Radio Martí desde La Habana el economista Oscar Espinosa Chepe.
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Oscar Espinosa sobre nuevas medidas
El decreto-ley 300 "Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo", publicado el martes en la Gaceta Oficial número 45, establece la entrega de hasta cinco caballerías de tierras estatales ociosas para las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:
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Ya posean tierras, las mantengan en plena producción y cumplan sus obligaciones legales y contractuales.
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Se vinculen mediante contrato a una granja estatal con personalidad jurídica, a Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y/o a Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).
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En ese caso, serán estos organismos quienes les vendan sus insumos y comercialicen sus cosechas.
"Yo he llegado a la conclusión de que el modelo cubano no tiene nada que ver con lo que hicieron en China ni en Vietnam”, afirmó Chepe, quien habló sobre el tema el martes en el programa Cuba al Día, que modera Tomás Cardoso. “Aquí lo que hay en el fondo es un temor terrible a que haya determinada libertad económica porque ellos saben que eso puede equivaler posteriormente a libertad política”, agregó.
Hasta ahora los usufructuarios que recibieron menos de cinco caballerías cuando comenzaron a entregarse las tierras ociosas en 2008, pueden vender libremente sus cosechas, y adquirir sus insumos en el mercado paralelo.
En lo adelante, las tierras en usufructo se entregarán mediante un contrato entre el beneficiario y la entidad que administra el área ociosa, lo cual permitirá al representante estatal velar con mayor rigor por el cumplimiento de lo convenido entre ambas partes.
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Oscar Espinosa reacciones
Las nuevas medidas, que entrarán en vigor en diciembre, permiten la construcción de viviendas familiares y de las instalaciones necesarias para la producción de las tierras en usufructo, cuyo término se mantiene por diez años, que pueden ser prorrogables.
Chepe señaló que esa autorización llega con cuatro años de atraso, porque no tenía ningún sentido entregar tierras a campesinos que no podían vivir en ellas, ni construir corrales o almacenes en el lugar.