¿Quién puede contrastar datos de forma rápida y fidedigna con las autoridades de un régimen autoritario?
Una de las acusaciones más habituales entre los defensores del castrismo, dirigida contra aquellos que escriben y publican información u opiniones sobre Cuba, es una supuesta falta de imparcialidad.
De alguna manera, esto es relativamente cierto si tenemos en cuenta que la fuente que no puede ser contrastada es usualmente la misma (el régimen) y, al mismo tiempo, la que tiene por norma establecer un muro de contención ante cualquier posibilidad de explicar públicamente algo relativo a hechos de actualidad.
¿Quién puede contrastar datos de forma rápida y fidedigna con las autoridades de un régimen autoritario? Pues, por supuesto, nadie. Hay que ser cínico o iluso para pensar que la ortodoxia periodística se pueda aplicar en cuanto a Cuba, donde por lo general la mayoría de informaciones se nutren en buena medida de fuentes alternativas, los hechos se conocen gracias a filtraciones y múltiples versiones de un mismo caso pueden difundirse hasta que oficialmente se decide emitir una nota informativa cuando ya es inevitable ocultar nada. De todas maneras, y tratándose de un régimen atípico, creer en la veracidad de una nota informativa que difunden sus órganos de prensa ya son ganas de ser crédulo.
Los amigos del régimen siempre están dispuestos a atacar a aquellos que intentan hablar sobre lo que sucede en la Isla, sobre todo cuando se intenta abordar algo que es de interés general pero de lo cual los medios de comunicación castristas no hablan por estar, digámoslo de alguna manera, secuestrados (o más bien ocupados) por las directrices políticas de un partido, los intereses concretos y exclusivos de una élite en el poder.
Así lo hemos visto recientemente en el caso del brote de cólera que, a ciencia cierta, nadie sabe muy bien a cuántas personas ha afectado y qué consecuencias ha tenido para sus vidas. Se ha sabido que se han producido varias muertes, pero la prensa nacional no ha contado sus historias, no se ha acercado a los lugares donde tenían lugar los hechos, por lo que podemos decir que no ha cumplido con su trabajo. Una vez más, en la prensa cubana, el periodismo queda anulado cuando por delante pasan los intereses de ocultación que tienen las autoridades.
Dirán que esto sucede también igual en cualquier democracia, pero no resaltarán que lo que los grandes medios pueden llegar a ocultar en un país democrático, lo puede en cambio poner al descubierto cualquier ciudadano a través de múltiples canales sin que ello constituya un delito. Eso en Cuba resulta imposible. Los medios públicos en democracia son sometidos a control y crítica de los partidos en la oposición, por lo que nunca se da la posibilidad de que cualquier abuso por parte del partido en el poder quede totalmente impune. En Cuba, no hay prácticamente nadie que haya podido levantar la voz contra la falta de información a nivel nacional de lo sucedido con el brote de cólera. La desinformación (por mucho que el régimen diga que informó a través de medios locales de las zonas afectadas) habrá sido también un factor que quizás podría haber agravado la situación, pero está claro que ningún partido opositor podrá pedir explicaciones ni ningún periodista podrá investigar sobre el asunto.
La falta de transparencia por parte del régimen no significa que haya vía libre para la mentira. Lo que sí es cierto es que cualquier información relacionada con Cuba debe ser contemplada con cautela, ya que no se dan las condiciones ideales para que el periodismo pueda trabajar con normalidad. De esta situación tenemos múltiples ejemplos y muchos periodistas independientes, como es el caso de Iván García, lo han apuntado en varias ocasiones. A pesar de que periodistas tanto en Cuba como en España pueden tropezar con impedimentos por parte de las autoridades, lo que está bien claro es que seguirá teniendo más garantías de un buen trabajo un periodista en España, donde haya un respeto a la instituciones, que no si está en Cuba, donde no hay nada que pueda pasar por delante del estricto interés de la poderosa junta militar que maneja el timón.
De alguna manera, esto es relativamente cierto si tenemos en cuenta que la fuente que no puede ser contrastada es usualmente la misma (el régimen) y, al mismo tiempo, la que tiene por norma establecer un muro de contención ante cualquier posibilidad de explicar públicamente algo relativo a hechos de actualidad.
¿Quién puede contrastar datos de forma rápida y fidedigna con las autoridades de un régimen autoritario? Pues, por supuesto, nadie. Hay que ser cínico o iluso para pensar que la ortodoxia periodística se pueda aplicar en cuanto a Cuba, donde por lo general la mayoría de informaciones se nutren en buena medida de fuentes alternativas, los hechos se conocen gracias a filtraciones y múltiples versiones de un mismo caso pueden difundirse hasta que oficialmente se decide emitir una nota informativa cuando ya es inevitable ocultar nada. De todas maneras, y tratándose de un régimen atípico, creer en la veracidad de una nota informativa que difunden sus órganos de prensa ya son ganas de ser crédulo.
Los amigos del régimen siempre están dispuestos a atacar a aquellos que intentan hablar sobre lo que sucede en la Isla, sobre todo cuando se intenta abordar algo que es de interés general pero de lo cual los medios de comunicación castristas no hablan por estar, digámoslo de alguna manera, secuestrados (o más bien ocupados) por las directrices políticas de un partido, los intereses concretos y exclusivos de una élite en el poder.
Así lo hemos visto recientemente en el caso del brote de cólera que, a ciencia cierta, nadie sabe muy bien a cuántas personas ha afectado y qué consecuencias ha tenido para sus vidas. Se ha sabido que se han producido varias muertes, pero la prensa nacional no ha contado sus historias, no se ha acercado a los lugares donde tenían lugar los hechos, por lo que podemos decir que no ha cumplido con su trabajo. Una vez más, en la prensa cubana, el periodismo queda anulado cuando por delante pasan los intereses de ocultación que tienen las autoridades.
Dirán que esto sucede también igual en cualquier democracia, pero no resaltarán que lo que los grandes medios pueden llegar a ocultar en un país democrático, lo puede en cambio poner al descubierto cualquier ciudadano a través de múltiples canales sin que ello constituya un delito. Eso en Cuba resulta imposible. Los medios públicos en democracia son sometidos a control y crítica de los partidos en la oposición, por lo que nunca se da la posibilidad de que cualquier abuso por parte del partido en el poder quede totalmente impune. En Cuba, no hay prácticamente nadie que haya podido levantar la voz contra la falta de información a nivel nacional de lo sucedido con el brote de cólera. La desinformación (por mucho que el régimen diga que informó a través de medios locales de las zonas afectadas) habrá sido también un factor que quizás podría haber agravado la situación, pero está claro que ningún partido opositor podrá pedir explicaciones ni ningún periodista podrá investigar sobre el asunto.
La falta de transparencia por parte del régimen no significa que haya vía libre para la mentira. Lo que sí es cierto es que cualquier información relacionada con Cuba debe ser contemplada con cautela, ya que no se dan las condiciones ideales para que el periodismo pueda trabajar con normalidad. De esta situación tenemos múltiples ejemplos y muchos periodistas independientes, como es el caso de Iván García, lo han apuntado en varias ocasiones. A pesar de que periodistas tanto en Cuba como en España pueden tropezar con impedimentos por parte de las autoridades, lo que está bien claro es que seguirá teniendo más garantías de un buen trabajo un periodista en España, donde haya un respeto a la instituciones, que no si está en Cuba, donde no hay nada que pueda pasar por delante del estricto interés de la poderosa junta militar que maneja el timón.